Un neuquino pide sacarle el apoyo económico a la iglesia católica

Planteó un caso de discriminación para el resto de los credos y recurrió al Inadi. La presentación la hizo hace un año. Asegura que todavía no obtuvo respuestas.

10 ago 2018 - 07:42

Un neuquino comenzó hace un año a poner en duda el financiamiento estatal a la iglesia católica porque considera que se produce una situación de discriminación hacia quienes no profesan esa religión.

El primer escalón de su pelea es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo cuya delegada neuquina, Karina Rojo, recibió un escrito y vehiculizó su tratamiento en términos burocráticos del organismo, que aún no lo resolvió.

“No pertenezco a ninguna iglesia, siempre he tenido relación con gente de todos los cultos”, dijo Jorge Fouga al ser consultado por “Río Negro” respecto a la lucha que comenzó hace un año y que ahora tiene una actualización a partir del rechazo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la presión que hizo la iglesia.

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Fouga dijo que “el pueblo no puede sostener un culto, porque eso hace que sea discriminación hacia la gente que practica otro culto” e indicó que “no es justo que se deba desviar una gran cantidad de dinero que se puede aplicar a infraestructura como escuelas u hospitales”.

Explicó que desde 1979 vive en Neuquén. “Ya soy neuquino por adopción y es el lugar donde más trabajé”, dijo y agregó que “me parece injusto que todos los argentinos deban pagar los sueldos de los sacerdotes y obispos”.

En el escrito que presentó en el Inadi hace referencia a las cuatro leyes que plantean aportes estatales al catolicismo que son:

- Asignación para los obispos prevista en la ley 21.950 que dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia y un 70% para el caso de los obispos auxiliares.

- La ley 21.540 prevé una asignación para los obispos eméritos equivalente al 70% de la remuneración de un juez de primera instancia y 60% para el caso de los auxiliares.

- La primera ley también establece la asignación para seminaristas mayores. Se menciona a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada: Domínicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos. En cada uno de ellos el Estado paga una asignación por seminarista.

- La ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.

- La ley 22.430 plantea jubilaciones graciables, sin ningún aporte previo, para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.

“Este sostenimiento implica la aplicación de una partida presupuestaria anual, este hecho crea una situación de discriminación para el conjunto de los argentinos que no practican dicho culto”, dijo Fouga.

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En la presentación hace referencia al significado de la discriminación en el texto de la Constitución Nacional que establece el sostenimiento del culto católico apostólico y romano y consideró que “debería establecer el autofinanciamiento de los cultos religiosos que profesan los argentinos”.

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