No habrá pagos extras para retirados del decreto 7

Los retirados del Decreto 7 no tendrán reconocimiento del Estado provincial a sus reclamos por sus montos percibidos. Lo decidió la Comisión de Transacciones, ajustándose a fallos judiciales adversos a las demandas planteadas por agentes que pasaron a retiro en 1997. Esta comisión -que se reunió el jueves- retomó una negociación propuesta por el STJ a partir de un expediente de una demanda de un retirado aunque, en un caso anterior, ese tribunal desestimó una pretensión similar. Más allá de esos trámites, los reclamos sumarían unos 400, con una estimación de un costo para la provincia de 15 a 20 millones. Ahora, la provincia no quiere “ningún acuerdo”, según la nueva Comisión, conformada por el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi; al ministro de Economía, Alejandro Palmieri; al secretario Legal y Técnico, Nicolás Rochas; al presidente del bloque oficialista, Pedro Pesatti y el legislador opositor, Facundo López. En 1997, después de la transferencia de su sistema previsional, Río Negro lanzó un programa de retiro voluntario para mayores de 45 años de edad y 20 años de servicio. Poco a poco, unos 1.500 agentes accedieron a ese nuevo régimen que mantuvo la provincia hasta que, en el 2008, Anses aceptó su transferencia. Pesatti manifestó que el “conflicto surgió a partir de una discordancia con los mecanismos para calcular el haber de retiro. Esos montos no fueron oportunamente cuestionados por los beneficiarios y los juicios contra la provincia alcanzan a 400 expedientes”. Los retirados requieren por las reducciones salariales, que se efectuaron entre junio de 1996 y febrero de 2008. En el 2007, el STJ resolvió en el expediente “Mainini” y confirmó el rechazo de la Cámara de Trabajo a la pretensión del retirado. Esa posición no se modificó y la Cámara continúa negando esos pedidos. Pero, el año pasado, en el expediente “Pringles”, el STJ instó a las partes a una negociación, la cual, recayó en la Comisión de Transacciones. En ese ámbito, aquella integración -que presidía el ex fiscal Alberto Carosio- abrió una negociación y prometió un acuerdo, que ahora fue desestimado por la flamante Comisión, integrada por nuevos miembros, salvo el legislador López. En ese ámbito, Pesatti expresó que “no hay razones técnicas–jurídicas para apartarse de los contenidos volcados en el fallo “Mainini”, que rechazó la demanda y dio la razón a la Provincia”. En todo caso, la Justicia deberá si modifica o no la postura adoptada en el anterior expediente. Esa opinión sólo “puede quedar en cabeza del Superior Tribunal y no de una Comisión de Transacciones a fin de conciliar un conflicto individual”. Además, el presidente de la bancada oficialista consideró “llamativo que previo al dictado de una sentencia definitiva” se abriera una negociación y que la Fiscalía proponga una “conciliación cuando todos los antecedentes judiciales eran favorables a la Provincia”. Recordó que Río Negro ya hizo un “gran esfuerzo económico” con los aportes que se adeudaban a la Anses cuando este régimen previsional fue transferido a la Nación. Resaltó la opinión del STJ que “la provincia se hizo cargo de la totalidad de los aportes y las contribuciones hasta completar el total de aportes faltantes, lo que está en relación directa con la edad y la cantidad de años aportados, es decir que los beneficiarios percibirán haberes como incorporados al sistema previsional con un plan de facilidades especiales que pagará la provincia exclusivamente, sin afectar un centavo de los haberes liquidados y ya actualizados por el Anses”. (AV)