Ñoquis y militantes

Todos los gobiernos nuevos se afirman resueltos a echar del sector público a los ñoquis que cobran salarios sin trabajar, pero hasta ahora ninguno ha logrado eliminarlos, razón por la que las “capas geológicas” conformadas por empleados superfluos han continuado acumulándose. Los ñoquis y otros que a veces fingen estar cumpliendo una función útil cuentan con el apoyo no sólo de los sindicatos y partidos populistas o izquierdistas sino también con el de muchos que los creen víctimas en potencia de represalias políticas. ¿Tendrá más suerte el gobierno del presidente Mauricio Macri que los anteriores? Es posible, ya que gracias a los flagrantes excesos cometidos por los kirchneristas en las semanas finales de su larga gestión, en las que se dieron el gusto de incorporar al plantel permanente a miles de militantes, la mayoría entiende que es necesario hacer algo más que resignarse a la expansión caótica de un sector público que parece incapaz de brindar los servicios más básicos. Según se informa, en la mira de los macristas están más de 70.000 empleados cuyas designaciones merecen ser revisadas. Se trataría de una pequeña proporción de los más de 3.500.000 estatales que conforme a diversas encuestas hay en el país, pero así y todo los sindicatos del sector, con sus aliados políticos, están preparándose para librar una campaña de resistencia contra los “neoliberales” que, dicen, se han propuesto llevar a cabo un ajuste feroz. La costumbre de aprovechar el manejo del Estado para repartir sinecuras entre militantes y contribuir al financiamiento de los aparatos partidarios no se ve limitada a nuestro país, ya que lo mismo sucede en los de cultura política parecida como Grecia, España e Italia. Por ser tan enormes los costos, en tiempos de crisis económica los esfuerzos de gobiernos reformistas por profesionalizar el sector chocan contra la voluntad de los beneficiados de defender el statu quo por los medios que fueran. Mientras que los decididos a poner el Estado al servicio de la ciudadanía hablan de la importancia de la eficiencia y aluden a la necesidad de tomar en serio lo de la idoneidad, quienes temen perder lo que es, al fin y al cabo, una fuente de ingresos piden que privilegien la solidaridad y el respeto debido por derechos adquiridos que, con frecuencia, se ven consagrados por la ley. Una vez consolidado el sistema así supuesto, cambiarlo puede ser virtualmente imposible puesto que, como es natural, quienes lo defienden están convencidos de que su propio bienestar equivale al del país en su conjunto. Es en buena medida por tal motivo que han sido tan decepcionantes los resultados de los intentos de desmantelar las estructuras corporativistas que obstaculizan el desarrollo económico de los países del sur de Europa y América Latina. El ministro de Modernización macrista, Andrés Ibarra, quiere convencer a los sindicalistas de que al gobierno no le interesan las opiniones políticas de los estatales sino su eventual aporte laboral. No le será nada fácil, ya que los sindicatos insisten en oponerse a cualquier medida que ponga en riesgo el futuro de los muchos “trabajadores precarizados”. Quieren negociar con el gobierno, pero si bien los macristas se aseveran dispuestos a “dialogar”, lo más probable es que todo termine en un “diálogo de sordos” por ser mutuamente incompatibles los objetivos de quienes subrayan la importancia de la eficiencia por un lado y, por el otro, los preocupados por los “costos humanos”. En teoría, una solución práctica al problema así planteado consistiría en una serie de ambiciosos programas destinados a profesionalizar a todos los empleados estatales, pero es de prever que cualquier intento en tal sentido se verá resistido por la mayoría. Sucede que, en países como el nuestro, “eficiencia”, “racionalización” y así por el estilo son malas palabras, propias de personas que quisieran reordenar el Estado según criterios empresariales. En el corto plazo, superar los prejuicios enraizados en tal sentido será virtualmente imposible, mientras que en el largo el éxito de la reforma del Estado proyectada dependerá del desempeño del resto de la economía, ya que es debido a la falta de empleos adecuados en el sector privado para quienes carecen de calificación profesional que ha aumentado tanto el número de estatales en el transcurso de “la década ganada” kirchnerista.