Nueve años de prisión para Gilio y diez para la madre de la menor

Juan Gilio había sido «preparado» por sus abogados, porque no descartaban una sentencia condenatoria. SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Con el voto en disidencia del juez Miguel Angel Lara, la Cámara Segunda del Crimen le impuso nueve años de prisión al empresario Juan Gilio, por el delito de «promoción a la corrupción agravado por la edad de la víctima», y la pena de diez años a la madre de la menor, por el mismo delito, que está agravado además por el vínculo con la víctima.

La disidencia más notable entre los jueces estuvo referida a la prostituta B.M., porque el juez Lara entendió que la mujer debía ser absuelta porque había incurrido en un «error de prohibición», es decir que no sabía que al prostituir a su hija estaba cometiendo un delito. Sobre ese aspecto los jueces César Lanfranchi y Silvia Baquero Lazcano opinaron lo contrario, y aunque atendieron a las condiciones de promiscuidad y exclusión social en que había desarrollado su vida B.M., no pudieron bajar del mínimo de la pena, que es precisamente de 10 años de prisión.

Lara también disintió respecto de la pena a aplicar a Juan Gilio, porque en atención a su avanzada edad propugnó una sanción de 7 años de prisión. Lanfranchi y Baquero Lazcano, en cambio, valoraron en sentido adverso la edad, «de la que cabe esperar actos ejemplares», y su nivel socioeconómico y cultural, y encontraron justa la pena de 9 años de prisión.

La causa se originó en la denuncia formulada por la mujer, que habitualmente ejercía la prostitución, porque había visto a su hija de doce años cuando subía al auto de un joven vecino.

Al ser llevada a la Oficina del Menor y la Familia de la comisaría Segunda, la niña dijo que su madre la obligaba a tener relaciones sexuales con hombres, y que las había mantenido en tres oportunidades con el empresario Juan Gilio entre diciembre de 2000 y enero de 2001. Agregó que la última vez lo había hecho presionada por las amenazas de su madre, porque Gilio les entregaba a cambio mercaderías y dinero.

Las explicaciones de la menor sobre la situación, momento, lugar y forma en que habría mantenido relaciones con el empresario, en presencia de su madre y en el interior de un auto que describió hasta en los mínimos detalles, convencieron tanto a la psicóloga Lidia Maldonado como al juez Gregor Joos de su veracidad.

Por eso el agente fiscal Balog le atribuyó a la mujer haber promovido la prostitución de su hija de doce años, al permitir que Gilio la accediera carnalmente al menos en tres oportunidades en razón del pago de una suma de dinero, y aclaró que las prácticas sexuales habían sido llevadas a cabo en presencia de la procesada, la que a la vista de la niña también mantuvo luego ese tipo de relaciones.

A Gilio le imputó que, en las mismas ocasiones, en un lugar próximo a la ciudad, dentro de su auto y en horario nocturno, haber accedido a la menor luego de efectuar un pago en dinero a su progenitora, con quien a su vez mantuvo relaciones sexuales en presencia de la niña.

La instrucción de la causa estuvo jalonada por diversos incidentes y circunstancias que le dieron un relieve especial.

Uno de ellos estuvo referido a la presencia en Bariloche del polémico abogado Mariano Cúneo Libarona, a quien en un momento habrían encargado la defensa de Gilio, y otro fue la noticia, finalmente confirmada por las pericias, de que dos hijas de la procesada lo eran también del empresario, sacudiendo los cimientos de una de las familias económicamente más poderosas de la ciudad.

Una fortuna amasada con trabajo y sacrificio

Juan Gilio nació el 7 de setiembre de 1925 en la Baja Italia, en una pequeña localidad de 3.000 habitantes llamada Trivigno, que está situada sobre una colina que domina la ribera izquierda del río Basento, tributario del golfo de Tarento, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Potenza.

Emigró a la Argentina muy joven, ingresó al Ferrocarril como empleado, se afincó en Bariloche y llegó a desempeñarse como jefe de Cargas de esta punta de riel.

Gilio comenzó a cimentar su fortuna comercializando quesos, que distribuía en bicicleta desde un depósito ubicado cerca de la estación de trenes, a pocos metros de su actual domicilio y del de su consorte de causa, que habita una humilde casilla construida en terrenos del ferrocarril.

Con mucho trabajo y acompañado siempre por su esposa, Gilio se convirtió en representante y distribuidor de una importante empresa láctea de la Pampa Húmeda, cargos que todavía conserva. De a poco, el humilde inmigrante y su familia se fueron convirtiendo en los principales distribuidores mayoristas de alimentación de la zona, y además compiten con una participación relevante en el comercio minorista del mismo rubro. El patrimonio familiar de los Gilio se acrecentó de manera notable con la incorporación de sus hijos a los negocios y la participación o manejo de otras empresas.

Profesionales vincu

lados a las finanzas calculan que los Gilio poseen propiedades valuadas en decenas de millones de pesos, y que atesoran la mayor fortuna de Bariloche, pese a que nunca hicieron ostentación de riqueza y continúan atendiendo en forma personal sus negocios.

Los abogados apelarán la sentencia

Apenas finalizada la lectura de la sentencia, que se realizó en forma separada, informando primero a las partes y luego a la prensa, los abogados de ambos imputados anticiparon que estudiarán el contenido de los votos y recurrirán el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.

Las partes tienen un plazo de 10 días hábiles para formular ese recurso, que siempre debe estar fundado en cuestiones de derecho y la crítica a la aplicación errónea de la ley sustantiva.

Ante la ausencia de Oscar Pandolfi, el primero en presentarse ante el periodismo fue el letrado local José Luis Martínez Pérez, titular del estudio que defendió a Gilio, quien comunicó que había preparado a su cliente para la posibilidad de un fallo adverso.

Martínez Pérez entendió que la opinión pública estaba predispuesta contra su defendido, y anticipó que apelaría ante el Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente ante la Corte Suprema.

Los abogados de B.M., Alejandro Pschunder y Leonardo Pacheco, se mostraron menos contrariados con el fallo porque consideraron que la defensa que habían ejercido estuvo perfectamente orientada, dado que uno de los jueces había considerado la inimputabilidad de la procesada, tal como lo habían solicitado. Ese voto los estimula a presentar un recurso de casación, o un eventual pedido de reducción de pena, que de ninguna manera podría haber concedido el tribunal de juicio.

Tanto por las características del hecho como por la notoriedad de uno de los acusados, la causa mantuvo interesada a la población y ha sido motivo de debate público y especulaciones.

Defensa de Gilio: «No escuchan las dos campanas»

BARILOCHE (AB).- En el marco de la defensa del empresario local Juan Gilio, su abogado Oscar Pandolfi aclaró que «en ningún momento se subestimó el conocimiento que tienen los medios de prensa del trámite de esta causa, sino que meramente se aludió a una realidad obvia: dado el carácter privado de las audiencias, que se celebran sin audiencia de público (y por ende del periodismo)…»

Según Pandolfi, «nunca la prensa ha escuchado las dos campanas de este asunto» y consideró que las noticias difundidas fueron originadas en versiones filtradas por el juzgado de Instrucción, fuentes policiales, la fiscalía de Cámara o la asesoría de Menores «incondicionalmente predispuestas a una absoluta aceptación de la inverosímil acusación efectuada en los momentos liminares del proceso por la menor Y.M.».

Por otra parte, Pandolfi aseguró que es «absolutamente falso» que durante la conferencia de prensa le haya atribuido «la evidente mendacidad de la supuesta víctima a una supuesta venganza de la menor para urdir la acusación contra su progenitora y nuestro defendido con el ánimo de perjudicarlos». Aclaró que la denunciante, «quien a la sazón había sido encontrada tranzando en el domicilio de su novio-amigo A.I., cuando advirtió en la sede policial que sería devuelta a su domicilio bajo la autoridad de su madre, una hora y media después de haber sido detenida invocó la supuesta entrega de su progenitora a nuestro defendido, mencionándolo con nombre y apellido. Y seguramente proporcionó el primer nombre que se le vino a la imaginación, pues sabía que se trataba de un hombre grande, muy conocido en el pueblo, vecino y relacionado con su madre en la forma en que ahora se ha hecho público, y que ello generaría el consiguiente escándalo como para obtener que no la restituyesen a su domicilio, lo que fue su verdadero propósito. A ello aludió inequívocamente el primer dictamen del psicólogo forense, efectuado apenas comenzada la instrucción, desgraciadamente desatendido por el señor juez instructor».

En cuanto al revuelo provocado por los abogados de la consorte de causa de Gilio, cuando la persiguieron por las calles de la ciudad y motivaron la intervención policial. Para Pandolfi, «fue ocasionado por el inusitado proceder de algún miembro del tribunal, que convirtió el traslado de la señora R.C. desde su domicilio en Bahía Blanca en un operativo de inteligencia policial, con tareas de despiste, para evitar que los aludidos abogados cumpliesen con su deber profesional, reviviendo prácticas inquisitivas absolutamente prohibidas».

Sin oportunidad de elegir

La mujer acusada de corromper a su hija nació en la localidad de Comallo hace 36 años, pero cree tener 38, y así lo afirmó oportunamente ante la prensa. No parece una prostituta y mucho menos la amante de un millonario, por su aspecto simple y su talle menudo, y por la vida de privaciones que marcó su existencia.

Sus siete hijos pueden deberse más a su ignorancia que a su vocación de madre. Sus abogados aseguran que fue prostituida por su madre cuando tenía la misma edad que su hija, y que no distingue el bien del mal en esos aspectos porque fue educada así. Tuvo su primera hija a los 15 años y siguió procreando, pese a que varios de sus hijos sólo tienen su apellido y nunca tuvo una pareja estable. En la calle la conocen como «come gauchos» y ya debió enfrentar una causa por corrupción en la que resultó sobreseída. En 1995 la acusaron de corromper a su hija mayor, que en ese momento tenía trece años, obligándola a mantener relaciones sexuales por dinero con los choferes de la empresa Tres de Mayo. La causa no superó la etapa de instrucción y la mujer logró el sobreseimiento. La hija rompió el círculo de prostitución y hoy vive en otra ciudad.