Oficialismo se empantana al decidir si avanza sobre camaristas que votaron cautelar

El oficialismo quedó empantanado hoy en un cruce de opiniones sobre la posibilidad de iniciar un juicio político a los camaritas que hicieron lugar a la extensión de la medida cautelar que le permite al grupo Clarín no comenzar el proceso de desinversión hasta que se resuelva si dos artículos de la Ley de Medios son constitucionales.

“No hay ningún proyecto que yo conozca. No integro las comisiones que participan en esos temas, pero no hay ningún proyecto”, sostuvo el senador nacional Aníbal Fernández en declaraciones a Telefé.

Sin embargo, su colega Marcelo Fuentes, integrante del Consejo de la Magistratura y promotor de la advertencia, ratificó la iniciativa, aunque todavía no hubo ninguna presentación concreta en el Consejo de la Magistratura.

“La decisión está tomada. En la medida que estén los elementos que hay elementos vamos a pedir el jury de enjuiciamiento. Pero hay que ver con tranquilidad” sobre quiénes se avanzaría, dijo Fuentes en declaraciones periodísticas.

Es que la mirada oficial está puesta en los integrantes de la Cámara en lo Civil y Comercial que dictaron resoluciones que permitieron que el jueves pasado se extendiera la medida cautelar solicitada por Clarín, para postergar la ejecución de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios.

Una versión señalaba que avanzarían sobre los jueces de la Sala I Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, que votaron ese fallo, y que también apuntarían contra el resto de los magistrados que actuaron en intervenciones previas.

En tanto, distintos integrantes de Consejo de la Magistratura y referentes de la oposición salieron a rechazar una posible embestida en ese sentido.

“Afortunadamente no le dan los números” para concretar un escenario como este, dijo hoy el ex juez y jefe de la bancada de diputados nacionales radicales, Ricardo Gil Lavedra, cuando fue consultado por esta amenaza.

Es que, en principio, se aclaró que no hay posibilidades de iniciar un jury sin antes formular una denuncia en el Consejo de la Magistratura, realizar una investigación y establecer si hay efectivamente elementos de mérito que permitan sospechar de la conducta o la labor de los involucrados.

El consejero Daniel Ostropolsky explicó a DyN que el reglamento establece que “cuando se promueve una denuncia contra un magistrado y esta llega a la Comisión de Disciplina y Acusación que, como primer paso, sortea a un consejero informante, en un acto público” para que analice el caso.

“A partir de allí se produce el análisis de la denuncia para determinar si procede la desestimación in limine o la instrucción de las medidas de prueba que correspondan al tenor de la denuncia. Y ahí se lo cita al magistrado involucrado, al que se le da un plazo de 20 días para que dé explicaciones y aporte pruebas”, señaló.

El consejero añadió que “recién después de esto se resuelve si se desestima la denuncia o si se lo cita al magistrado por el llamado artículo 20 (como acusado) haciéndole saber los cargos que se le imputan”.

Si de allí se resuelve avanzar, la comisión debe emitir un dictamen y luego llamar al plenario, donde se necesitan las dos terceras partes del cuerpo para convocar a un Jurado de Enjuiciamiento que deberá analizar si sobresee o destituye al magistrado en un plazo de 180 días.

“Es un trámite complejo, en donde además el Consejo pide la acusación pero no es el que resuelve la eventual destitución”, añadió.

Fuente: DyN