El club de los jueces, versión Chubut

Política y Justicia. Y viceversa. Todo parece pasar por ahí en Chubut, aunque desde la justicia dicen que son los políticos. Y desde la política dicen que es la justicia. Lo cierto que en estos últimos días de un lado (desde la justicia) hablaron de corrupción, denunciaron, pero recibieron una respuesta inesperada. Del otro lado, enviaron denuncias al Consejo de la Magistratura sobre el comportamiento de algunos jueces. Pero los tiempos del Consejo son otros. Y hay que esperar.

El protagonista principal de todo este engendro es la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales de Chubut. Una institución creada para defender los intereses de sus integrantes por cualquier motivo que crean, puedan lesionarlos. Es la más pura expresión del corporativismo.

No quiere que les quiten los fueros a los jueces. Dicen que “no constituyen prebenda alguna, sino que configuran una protección legal en resguardo de la independencia judicial, particularmente necesaria en la lucha contra la corrupción. Se trata de un mecanismo constitucional que obstaculiza el ejercicio de presiones indebidas sobre los/as magistrados/as que deban juzgar a integrantes de otros poderes del Estado implicados en causas de esa naturaleza”.

Y siguen: “repudiamos las expresiones del Gobernador de la Provincia Ignacio Torres que descalifican a quienes defendemos la Constitución Provincial. En una República democrática, los fueros judiciales no representan privilegios, sino garantías esenciales para preservar la independencia de jueces y fiscales. Son fundamentales para impedir que quienes investigan hechos de corrupción sean apartados por presiones políticas o intereses sectoriales”. Torres fue muy duros con ellos.

Sobre esta base, tomaron la reciente renuncia del Fiscal Anticorrupción en la Administración Pública Omar Rodríguez a su cargo. Dijeron que lo hizo por estar en desacuerdo con la decisión judicial de no encontrar delitos que ellos denunciaron por parte de integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Esto era, aumentarse los viáticos, los sueldos y comprar camionetas.

Éticamente, en tiempos de crisis y de necesidades puede considerarse un error. Judicialmente, de acuerdo al fallo, no es un delito. Son atribuciones que tiene el Superior. Y las utilizó, aunque con algún que otro error como lo fue el silencio.

Lo cierto es que Rodríguez renunció porque estaba harto y cansado de la administración pública. Trabajó en hechos resonantes de corrupción de funcionarios de anteriores gobiernos y los mandó presos. Ahora, había tomado el caso del secretario general de ATE, Guillermo Quiroga. Con pruebas, consiguió la apertura de la investigación por supuesta defraudación al gremio y sus afiliados. Habría usado dinero de ATE junto a su exesposa para pagar gastos personales como tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos y viajes.

Rodríguez tenía en su poder datos probos después que autorizaron la apertura del secreto bancario. Pero ni siquiera había insinuado llevar a Quiroga al banquillo cuando desde Buenos Aires, el secretario general de ATE, a nivel nacional. Rodolfo Aguiar dijo que “Quiroga era un perseguido político”. De manual. Rodríguez llegó al límite, estuvo en la última audiencia donde autorizaron a exfuncionarios y afiliados como querellantes y se fue. “Hacía al menos siete meses que Rodríguez había manifestado su cansancio y dijo que quería irse. Más no podíamos hacer para que siga”, confió una alta fuente de la Procuración a diario RIO NEGRO.

Pero la Asociación de Magistrados y Funcionarios creó su propia versión. Tratando de minimizar el duro golpe que el juez de Esquel Carlos Richieri le asestó a dos de sus integrantes que firmaron la denuncia contra el Superior Tribunal.

En su resolución, Richieri hizo un “severo llamado de atención” a los abogados Alfredo Pérez Galimberti y Raúl Heredia “por la conducta procesal desplegada en sus escritos, reñida con los deberes de buena fe y lealtad procesal”. La irresponsabilidad argumental que han exhibido resulta inadmisible para letrados de su experiencia y trayectoria. Sus escritos evidencian un ataque sistemático, gratuito y carente de todo fundamento serio contra la objetividad e idoneidad de los fiscales intervinientes. Peor aún: lo han hecho representando a la Asociación de la Magistratura, institución que debería ser la primera en defender la independencia judicial, no quien la socave con argumentaciones frívolas”, escribió. Demasiado para la garganta de la asociación.

En tanto por ahora duerme en la parsimonia del Consejo de la Magistratura la denuncia sobre el expresidente de la Asociación Claudio Petris sobre presunto acoso sexual y laboral, lo que obligó al camarista de Esquel a renunciar a su cargo.

Y se espera una decisión del Superior Tribunal de Justicia en relación a la medida cautelar que la Asociación de Funcionarios y Magistrados presentó para que se suspenda el plebiscito que impulsó el gobernador Ignacio Torres y avaló la Legislatura sobre el “si” o el “no” a la reforma constitucional que elimine los fueros. Consulta que se realizará junto a las elecciones de octubre.

“Qué podés esperar del club de los jueces”, le dijo a este medio un diputado oficialista sobre este tema. Así están las cosas. Política y justicia. O viceversa.