El lucro tras la toma del Congreso de EE.UU.
Michael Kunzelman *
La posibilidad de ser condenados a prisión y de sufrir serias consecuencias personales por participar en la toma del Congreso no impide que algunos de los sublevados del 6 de enero del 2021 traten de sacar provecho económico de sus acciones ese día, usándolas como plataforma para recaudar dinero, promover iniciativas comerciales y dar realce a sus semblanzas en las redes sociales.
Estas iniciativas pueden costarles caro a estos individuos pues complican sus situaciones, sobre todo cuando esperan ser sentenciados. Los fiscales piden penas más fuertes por el hecho de que tratan de lucrar con sus acciones. En algunos casos el Departamento de Justicia procura quedarse con el dinero que ganaron explotando la insurrección.
En una instancia, las autoridades confiscaron decenas de miles de dólares de un individuo que vendió su filmación del ataque. En otra, un hombre de la Florida llegó a un acuerdo con los fiscales por el cual el gobierno puede quedarse con las ganancias derivadas de cualquier libro que pueda publicar en los próximos cinco años. Los fiscales, por otra parte, quieren que un hombre de Maine que recaudó más de 20.000 dólares entregue parte de ese dinero para cubrir los gastos de su abogado de oficio.
Muchos participantes en la toma del Congreso han pagado un precio muy alto por sus acciones. A menudo piden clemencia sobre la base de que ya han sufrido graves consecuencias.
Pierden trabajos, arruinan sus carreras, se disuelven sus matrimonios y son marginados por parientes y amigos, que a veces los denuncian al FBI. Reciben insultos por el correo y amenazas a través de la internet. Y contraen enormes deudas en los procesos legales que enfrentan.
Una doctora antivacunas que se declaró culpable de ingresar ilegalmente al Congreso fundó una organización sin fines de lucro que recaudó más de 430.000 dólares para sus gastos legales. Los fiscales destacaron que America’s Frontline Doctors, la plataforma creada por la doctora Simone Gold, no menciona que se declaró culpable. Los fiscales, por otro lado, dudaron que sus gastos legales ascendiesen a 430.000 dólares.
Otro insurrecto, dueño de un gimnasio de Nueva Jersey, que golpeó a un policía, recaudó más de 30.000 dólares en donaciones online dirigidas a un “Fondo de Ayuda a Patriotas”. Dijo que el dinero era para pagar la hipoteca de su casa y cubrir otros gastos. Los fiscales mencionaron ese fondo al recomendar una multa para Scott Fairlamb, quien cumple una condena a más de tres años de cárcel.
Robert Palmer, un individuo de la Florida que atacó a la policía en el Capitolio, le pidió a un amigo que iniciase una campaña de crowdfunding en su nombre tras declararse culpable. Después de ver la campaña “Ayude al Patriota Rob”, un agente que supervisa la libertad condicional dijo que la declaración de Palmer aceptando su responsabilidad en los hechos no parecía genuina. Palmer admitió que la campaña tergiversaba su conducta del 6 de enero. La aceptación de la responsabilidad puede ayudar a reducir una condena varios meses, si no años.
Una jueza condenó a más de cinco años de cárcel a Palmer, quien le tiró un extinguidor de incendios a la policía.
Un grupo que se hace llamar Proyecto Libertad de Patriotas (Patriot Freedom Project) dice que recaudó más de un millón de dólares en donaciones y que pagó más de 665.000 dólares en ayudas y gastos legales de las familias de los sublevados.
Las autoridades federales confiscaron más de 62.000 dólares de una cuenta de John Earle Sullivan, un individuo de Utah que ganó más de 90.000 dólares vendiendo el video que hizo durante los acontecimientos del 6 de enero a al menos seis compañías.
Richard “Bigo” Bernett, un hombre de Arkansas que fue fotografiado con sus pies en el escritorio de la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi, cobra 100 dólares por fotos suyas con los pies en un escritorio de su casa, donde permanece bajo prisión domiciliaria.
* Periodista de AP
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