Élite de la fundación, élite de la destrucción
El objetivo de la gestión Sturzenegger es la destrucción, no la eficiencia. La disolución de Vialidad, INTA o INTI es grave e inconstitucional.
Primero se desfinancia, después se elimina.
1. Un desierto para la Nación argentina
En su clásico libro “Una Nación para el desierto argentino” (1982) Tulio Halperín Dongui sintetiza las ideas y el proyecto político de la elite que construyó el Estado Argentino en la segunda mitad del Siglo XIX, repasando los conflictos de las elites provinciales y la porteña. Ese periodo fue de enfrentamiento pero también de construcción de instituciones públicas hoy amenazadas. Un ejemplo es el Banco Nación reconvertido en Sociedad Anónima.
Esa imagen inicial, con todas sus sombras y contrapuntos, nos permite comparar a aquella elite de la construcción de nuestra Nación con la actual contraelite de la destrucción de la Nación en el Gobierno. La primera construyó una Nación en el desierto. La segunda quiere hacer un desierto de la Nación. Una elite de la fundación, la otra, una elite de la frustración de nuestro futuro.
El objetivo del plan Sturzenegger es la destrucción y posterior privatización. No es la eficiencia ni mejorar la gestión. Las capacidades del Estado que se destruyen en un segundo por decreto se construyeron a lo largo de décadas y por esfuerzos generacionales de una sociedad hoy fragmentada y enojada. En contraste a los primeros pobladores, en caso de no detenerlos, serán los últimos destructores.
El Siglo XIX fue el siglo de la construcción de los Estados modernos, el Siglo XX -de las dos guerras mundiales- el de su consolidación social y el Siglo XXI parece ser el de su destrucción, el de su hibridación corporativa y/u oligárquica. Argentina es una de las tristes precursoras de ese proyecto autolesivo detrás del malestar emocional de las mayorías. EE.UU sigue en esa misma línea con la “gran hermosa ley” que acaba de conseguir Trump.
2. Federalismo y decretos delegados
Los tres ejes de la elite de la destrucción son economía, seguridad y desguace del Estado. Deuda impagable, refuerzo represivo y privatización del Estado realizado por mecanismos de dudosa constitucionalidad, sin frenos ni contrapesos, en contextos de silencios supremos y total desorientación opositora que raya la colaboración.
Los decretos ocultan con palabras como “transformación, modernización, fortalecimiento, actualización” lo que es lisa y llana destrucción, mutilación y reforma interesada para posterior negocio.
“El fortalecimiento” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la “modernización” de la Gendarmería, la “actualización” de la Prefectura y la “modernización” del Servicio Penitenciario Federal, con nuevo estatuto, son reformas de carácter penal prohibidas en los DNU (Art. 99) pero que sustancialmente también en el Decreto Delegado (Art. 76 de la Constitución). No son tema de “emergencia” ni “administración”.
Otra destrucción se ve en el Estado criminal de las rutas nacionales. En un país con los datos históricos y actuales de muertes en accidentes de tránsito, la disolución de Vialidad es una invitación a más accidentes. Sin obra pública, control ni reparación, la inconstitucionalidad por omisión es manifiesta.
Los caminos rurales y las rutas nacionales no son las únicas abandonadas. Tanto en la Argentina como en el mundo las rutas aéreas y sus respectivos controles se están debilitando generando alertas rojas. La distracción y el ruido tapan todo mientras se gesta una tragedia.
El New York Times reportó este año sobre las fallas de controles en el Aeropuerto Newark, uno de los más transitados en el mundo, y el escándalo del BOEING 787. En Argentina podría comenzar una crisis similar y los cinismos políticos vigentes permiten canalizar fallas como responsabilidad de los sindicatos (sic) en disputa gremial con el Gobierno.
En un contexto de inestabilidad geopolítica, de contracción económica y de desafíos ambientales, la destrucción del Estado debería obligar a abandonar las guerras miopes ante el abismo.
Autoridades federales, actores de la sociedad civil responsable, deberían reconocer la delegación indirecta que significa todo esto. La destrucción de las capacidades estatales continuará en las provincias al sobrecargarlas y al ser jaqueadas por obligaciones sociales sin recursos. ¿A qué fuerzas políticas beneficiará ese malestar federal?
* Abogado y Profesor de Derecho Constitucional.
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