Evaluar la formación docente
Si hay una palabra con la que los docentes estamos familiarizados es evaluación. Sabemos que evaluar todo proceso es necesario y que sirve para repensar su totalidad, el rol de los actores intervinientes y todos los elementos contextuales -materiales y simbólicos- que afectan a un proyecto no sólo de enseñanza, vale decir.
En nuestros diseños curriculares siempre hay un capítulo dedicado a aclarar qué entendemos por evaluación. Por eso sabemos -y en eso estamos de acuerdo desde hace muchos años- que no sólo se evalúan los aprendizajes, sino también la enseñanza. El docente evalúa a la vez que se autoevalúa para tomar nuevas decisiones.
¿Sólo el docente tiene que evaluarse a sí mismo? No. En eso también estamos totalmente de acuerdo. Por ello hay diversos dispositivos -más o menos tergiversados en la práctica-, como órdenes de mérito en función del puntaje logrado por capacitación; un concepto anual por el trabajo realizado cada año en cada institución; concursos periódicos de antecedentes y oposición para nivel superior, informes de todo tipo, planillas a completar con tareas realizadas y no realizadas y hasta un régimen disciplinario con potestad de sanción para situaciones de extremo incumplimiento de tareas o conductas inapropiadas o ilegales en el ámbito laboral. Con lo que se puede ver que no sólo se evalúa la tarea sino la formación, que es continua.
Respecto a la evaluación de la formación docente, la Ley Nacional de Educación indica en el artículo 76: “aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones”. En el artículo 85 dice que el Consejo Federal de Educación “implementará una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación”.
Nada nuevo bajo el Sol.
El problema es que los docentes también sabemos que la evaluación está atravesada por diversas subjetividades y que quien evalúa lo hace desde un lugar de poder -ya sea el de decidir si alguien aprueba o no o el de financiar o desfinanciar instituciones educativas o el trabajo docente-. También lo hace desde un determinado posicionamiento ideológico, político, religioso y económico, con intereses que pueden beneficiar a uno u otro sector. Por este motivo es que siempre ponemos en discusión qué se evalúa realmente, con qué criterios y parámetros, en qué contexto, con qué intenciones. No es -como se pretende instalar muchas veces- que los docentes no queremos ser evaluados o que la docencia -en tanto empleo estatal- no se evalúa. Lejos.
El Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (SiFIECA) es un nuevo dispositivo creado por el gobierno nacional mediante la Resolución 477/24, según la cual “las políticas de evaluación constituyen dimensiones prioritarias”. Por razones de espacio aquí sólo analizaremos algunos aspectos:
El documento plantea una evaluación participativa “dando la voz a cada uno de los participantes involucrados”, tal como indica la especialista Rebeca Anijovich que debe ser la evaluación. Sin embargo, la misma resolución indica que “se elaborará un documento de criterios/parámetros de certificación y acreditación que contendrá una definición conceptual y metodológica que guíe la observación, la rúbrica de las condiciones institucionales que operacionalice y pondere esos criterios parámetros, así como las características que debe reunir el informe” y que esos criterios “serán propuestos por el INFoD”. En función de lo relevado, el INFoD otorgará la acreditación total o parcial de las instituciones (manito para arriba o manito para abajo). Luego, “a partir de la identificación de los problemas prioritarios definidos” se elaboran planes de “mejora” o “fortalecimiento institucional”, que son formas de financiamiento específicas atadas a lo “definido” por el INFoD, “para resolver problemas y prioridades, la planificación de las actividades, así como la asignación de los recursos que el INFoD pone a disposición”.
La evaluación nunca es objetiva. Toda persona que alguna vez fue evaluada lo sabe claramente. Lo que nos interesa saber y discutir es con qué criterios y con qué intenciones se evalúa o qué pasa si en el territorio se expresan problemáticas no contempladas en la cartilla predeterminada del INFoD.
No nos asombra que la verdadera motivación de evaluar sea desprestigiar la tarea docente, atar los salarios a los resultados -sin tener en cuenta los contextos- o convertirnos cada vez más en trabajadores sociales -con todo el respeto que esa loable tarea merece- encargados de la contención de las problemáticas sociales que día a día explota en las escuelas, producto de cierto modelo económico y político.
- Lic. en Comunicación Social. Prof. de Lengua, IFDC Fiske Menuco y Villa Regina.
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