Hidrógeno verde: evidencia de un fracaso, otro anuncio que no fue

Tadeo García Zalazar

Politólogo. Intendente de Godoy Cruz, Mendoza.

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La ley se encuentra paralizada hace más de un año. El Gobierno nacional sigue atrapado en el voluntarismo de los anuncios y solo activa recursos y capacidades para impulsar urgencias personales.


La gobernadora Carreras en Playas Doradas. Aprovechó esa visita para anunciar que la empresa Fortescue formalizó su propuesta de Hidrógeno Verde. Foto Gentileza.

En el marco de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desarrollada en la ciudad escocesa de Glasgow, el 1ero de noviembre de 2021, el presidente Alberto Fernández junto a representantes de la empresa australiana Fortescue anunciaron una millonaria inversión en la Argentina destinada a producir hidrógeno verde. Iniciados los trabajos de prospección en la provincia de Río Negro con vistas a la producción de hidrógeno a escala industrial, el presidente se mostró feliz y entusiasta al anunciar la llegada de U$S 8.400 millones y la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Se presentó a la provincia de Río Negro como un polo mundial exportador de hidrógeno verde para 2030, proyectando una capacidad de producción de 2.2 millones de toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente a casi un 10% de la energía eléctrica consumida por Alemania en un año.

Fernández destacó durante el anuncio que “el hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica”, resaltando que con esta inversión tan importante “en poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”. Desde la empresa por su parte, fuertemente motivados por el compromiso manifiesto del presidente, aseguraron estar “listos para invertir en la Argentina”, pero la que no estaba lista era la Argentina.

El hidrógeno es un gas que puede ser utilizado para producir electricidad y como combustible para motores, el proyecto anunciado contempla la obtención de hidrógeno por electrólisis a partir de fuentes renovables y a partir de moléculas de agua proveniente del mar y no de agua dulce, lo que presenta un proyecto limpio ya que todo el proceso de producción y su uso, no es contaminante.

De acuerdo con las etapas definidas por los inversores para avanzar en el proyecto, una vez determinada la respuesta del recurso eólico y otros, se iniciarían las consultas públicas y trámites para la construcción del proyecto, el cual presenta tres momentos. La primera etapa se trata de una prueba piloto para confirmar las capacidades previstas, con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares y que producirá unas iniciales 35 mil toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250 mil hogares. Esa etapa debió dar inicio en 2022.

Acompañado también con felices anuncios, en abril del pasado año la Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto que permitiría a la provincia, en el marco de una ley nacional que podía imaginarse en agenda del ejecutivo, pero que sigue sin nacer, llamar a licitación para concesionar el uso de 625.000 hectáreas para las construcciones del proyecto y a fines de junio del mismo año, el Gobierno Provincial anunciaba en una iniciativa conjunta con la Universidad de Río Negro, la creación de una Diplomatura en Hidrógeno Verde, junto con la puesta en marcha del Instituto de Hidrógeno Verde de Río Negro. El gerente regional de Gobierno y Comunidades para la Región Latinoamericana de la empresa Fortescue, Sebastián Delgui explicaba al diario La Nación que la etapa de “prefactibilidad” que viene implementando la empresa no requiere obligatoriamente de una ley, pero “Previo a la decisión final de la inversión, será vital un marco regulatorio que otorgue lineamientos para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en el país”

El tiempo corre, Chile avanza


Todo parecía estar encaminado, pero el tiempo corre y nunca el Ejecutivo presentó ni promovió el debate sobre la indispensable nueva Ley determinante para que las millonarias inversiones anunciadas en Glasgow, se hagan realidad.

Los primeros días de septiembre 2022, en el marco del Foro de Energía organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la Gobernadora de Río Negro señalaba que el desafío del sector está en el marco regulatorio, Carreras hablaba de la necesidad de convencer a los inversores de “querer”, tanto como ellos lograr el mejor escenario para la producción de hidrógeno, pero sin una Ley de Hidrógeno no hay escenario posible para ninguna inversión. Si la empresa quiere y no sólo Río Negro, sino otras provincias con potencialidad para la generación de hidrógeno como Jujuy o Tierra del Fuego quieren, pero el tratamiento del tema se encuentra paralizado hace más de un año, podría pensarse que el que no quiere es el gobierno nacional que, una vez más, muestra estar atrapado en el plano de un voluntarismo de los anuncios y que solo activa sus recursos y capacidades para impulsar los temas de una agenda que pareciera tratarse solo de un listado de urgencias personales de algunos.

Durante el año 2021, se presentaron en el Congreso de la Nación diferentes proyectos de ley específicamente para la generación de hidrógeno verde y ampliando el criterio, también existen otros proyectos sin tratamiento que refieren a energías renovables en general. Legisladores oficialistas sumaron durante 2022 algunas iniciativas y hace más de un año que la PlataformaH2 Argentina, una coalición de instituciones académicas especializadas en energía, presentó a las autoridades legislativas y presidentes de las comisiones de energía de ambas cámaras en el Congreso Nacional y a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, un documento que contiene una propuesta normativa para impulsar el debate en torno a un régimen de promoción del hidrógeno. Ya en ese momento se planteaba la necesidad de mover un debate legislativo aún demorado en ese entonces, para construir un marco normativo y acordar un conjunto de decisiones que permitan desarrollar la industria. El pasado mes de agosto la Diputada opositora por Mendoza, Pamela Verasay (quien acompañó con su firma uno de los proyectos a la espera de tratamiento, presentado por Gustavo Menna junto a Jimena Latorre y otros) convocó en la Cámara de Diputados una primera jornada de debate, pero, aun así, el tratamiento del tema es nulo.

Reconocía ya, a mediados del año pasado, el entonces subsecretario de conocimiento para el desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, que, “si bien otros países de la región ya lanzaron su estrategia de hidrógeno verde y nos sacaron un poco de ventaja”, el país todavía estaba a tiempo de presentar los lineamientos y que ese año enviarán un proyecto de ley de Hidrógeno al Congreso. Sostuvo en ese momento que desde el gobierno se toman “el tiempo adecuado para desarrollar una estrategia, construir los acuerdos y formalizar el texto de la norma”. Sobre finales del 2022 a este derrotero de anuncios vacíos de intención, se sumó el del ministro Massa sobre el “pronto envío del Proyecto”. Acertamos entonces al suponer que el tema iba a seguir frenado hasta que ese proyecto ingrese a alguna de las cámaras, pero no imaginábamos que, a un año y medio del gran anuncio de Glasgow, el Proyecto del Ejecutivo seguiría siendo una promesa que no aparece.

La Mesa Intersectorial que no se reúne


En Febrero 2023 encontramos en el Boletín Oficial una Resolución de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, que marca la creación en el ámbito del Concejo Económico y Social de la “Mesa Intersectorial de Hidrógeno, a fin de contribuir con el diseño de una estrategia nacional integral tendiente a la promoción de la economía del hidrógeno de bajas emisiones y a promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor del hidrógeno, en el marco del desarrollo sostenible y los procesos de transición energética y de descarbonización.”

Al día de la fecha, no sólo nunca se reunió la flamante Mesa, sino que tampoco se ha reunido en lo que va de este 2023 la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, ni ha enviado el Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley indispensable para avanzar en la producción de hidrógeno verde y hacer realidad la super inversión anunciada, ni ha permitido el tratamiento de los proyectos presentados hace más de un año por otros bloques parlamentarios.

Tal como nos contaba el subsecretario Tornquist, otros países de la región nos sacan ventaja y avanzan con inversiones reales. Podemos ver el caso de Chile que se presenta comparable a lo que podría ser Argentina en cuanto a las similares condiciones y caudal de energía eólica que puede obtenerse en el área de implantación de la industria en la Patagonia chilena donde, en diciembre 2022 se puso efectivamente en marcha una planta para la producción de combustibles neutros de carbono dando inicio a la fabricación del hidrógeno verde con inversiones de Siemens Energy, Porsche, HIF Global y otras empresas.

Compromisos sin sustento


El gobierno argentino comprometió que disminuiría para el 2030 el 25,7% las emisiones para lograr la carbono neutralidad en el 2050, compromiso altamente positivo pero incumplible sin fuertes inversiones y sin asignar recursos en función de una política federal de cambio climático que ponga a provincias y especialmente a los municipios como principales actores y gestores del cambio. Argentina no financia políticas públicas, pero sí promete grandes resultados fijándose ambiciosas metas que no entendemos como supone cumplir. El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas dejó en claro que el tiempo se acaba y las consecuencias serán lamentables.

No hay una Ley de Hidrógeno que defina el marco regulatorio para desarrollar la actividad, No hay un debate serio y responsable sobre la minería y una política de transición energética, tenemos una ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global inaplicable sin presupuesto. No hay espacio para repensar los modelos y lógica de inversión necesarios para lograr cambios relevantes que nos acerquen al cumplimiento de metas de descarbonización que el mismo gobierno nacional promete. Seguimos atrapados en el plano de un relato muy lejano a la realidad de su inacción, sin poder ver que nos encontramos todos frente al desafío del siglo: la lucha contra el cambio climático.


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