Juicio a las Juntas, un momento noble de nuestra historia

Este 9 de diciembre se cumplen 40 años del dictado de la que, para mi humilde opinión, es la sentencia penal más importante en la historia de la judicatura argentina. Efectivamente un 9 de diciembre de 1985 todos los miembros de las tres Juntas Militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, escucharon de la voz de Carlos Arslanian en su carácter de Presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal civil que aplicó todas las garantías procesales y constitucionales, la sentencia que la sociedad argentina a través de sus jueces naturales entendió que debían merecer por llevar a cabo un plan sistemático de asesinatos y desaparición de personas que no tiene parangón en nuestra historia.

Esta célebre sentencia ha sido un paso más, aunque fundamental, en un proceso que aún se está desarrollando a través de las conocidas popularmente como “causas de lesa humanidad” y que tuvo su inicio con la decisión del gobierno constitucional asumido el 10 de Diciembre de 1983 (Día Internacional de los Derechos Humanos) de dictar los Decretos 157/83 que ordenó la persecución penal a : M. E. Firmenich, F. Vaca Narvaja, R. Obregón Cano, O. Galimberti, E. Gorriaran Merlo, y otros por ejecución de crímenes motivados políticamente; 158/83 que instruyó juicio sumario a las tres juntas militares y el 187/83 de creación de la CONADEP, con una lógica política y jurídica destacables.

De esta forma Raúl Alfonsín desafió a la historia que sugería, como otras tantas otras veces en nuestro país y en el extranjero, una salida democrática “negociada” con los militares golpistas, solución que ya había sido iniciada con el dictado por parte del gobierno militar de la ley 22.924 publicitada como ley de “pacificación nacional “ y que no era otra cosa que una amnistía total y absoluta a las acciones de todos los partícipes de acciones criminales, civiles y militares, desde el 25 de Mayo de 1973 al 17 de Junio de 1982. Dicha norma fue declarada nula a través de la primera ley del nuevo período democrático Ley 23.040 que a iniciativa del P. Ejecutivo obtuvo el apoyo de casi todo el arco político del momento, de hecho, hasta contó con los votos de la U.C.D de Álvaro Alsogaray figura histórica de la derecha.

Pero debo destacar que desde un punto de vista estrictamente jurídico la suerte de la soñada autoamnistía estuvo sellada desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. Genaro Carrió que la consideró nula de nulidad absoluta e insanable y por lo tanto sin efectos jurídicos durante su vigencia, dando así un pilar fundamental en la decisión de juzgar a todos los responsables de uno de los más sangrientos períodos de nuestra historia.

El juicio a las juntas significó que, como pocas veces a lo largo de nuestra historia, la sociedad argentina haya privilegiado el apego a la ley por sobre la aceptación de la voluntad política del líder del momento, o quizás debemos pensar que la voluntad política de Alfonsín fue la del apego irrestricto a la Constitución Nacional.

La cuestión es que por primera vez en la historia mundial un gobierno democrático juzgo a quienes hasta hace muy poco tiempo eran los dueños de las vidas y los bienes de millones de Argentinos, y lo hizo en un juicio oral y público, por delitos tipificados previamente en nuestro Código Penal, siguiendo los procesos ordinarios, en solo 9 meses, respetando a ultranza el derecho de defensa de los imputados y brindado la posibilidad a los testigos del horror de decirle al tribunal y a toda la sociedad argentina los vejámenes y atrocidades de los que fueron víctimas.

Se trató como han dicho muchos de un hecho extraordinario realizado por personas ordinarias que en varios casos hasta hacia poco tiempo formaban parte del mismo poder judicial que negaba sistemáticamente los habeas corpus presentados por los pocos abogados que se animaban a firmarlos.

En palabras de Carlos S. Nino, quien junto con Jaime Malamud Goti y Martín Farrell conformaban el llamado grupo de “los filósofos”, verdaderos arquitectos jurídicos del juicio a las juntas, y autor de “Argentina: un país al margen de la ley” donde desarrolla su teoría de que nuestro histórico poco apego a las normas jurídicas debe ser visto como uno de los elementos fundamentales de nuestro subdesarrollo, “las amnistías frente a las violaciones a los derechos humanos y no el castigo, habían sido hasta ese momento la norma en los procesos transicionales en todo el mundo” y es posible que como expresa Carlos Altamirano en el libro “Cuando hicimos historia” este juicio es “uno de los pocos momentos nobles de la Justicia Argentina”.

Hace relativamente poco tiempo y gracias al éxito de público de la película “Argentina, 1985” miles de jóvenes, y no tan jóvenes, se anoticiaron de su existencia y le dieron la importancia que durante muchos años le fue injustamente negada ya que el juicio a las juntas y el informe de la CONADEP, conocido a través del libro Nunca Más, fueron acontecimientos fundantes de la comunidad política argentina a partir de los cuales se pudo generar un consenso democrático que aún se mantiene.

Desde 1930 hasta 1983 los factores de poder económico y político habían usado a las fuerzas armadas para llegar al poder seis veces (1930,1943,1955,1962,1966 y 1976) pero esa desgraciada costumbre se terminó. Hoy ya nadie en la Argentina piensa que “golpear la puerta de los cuarteles” es una salida posible, y eso se ha logrado en gran parte por esa sentencia dictada hace exactamente 40 años.

*Secretario de Derechos Humanos de Río Negro.