La atomización y lo que no se hizo antes

La carrera electoral para renovar las seis bancas que le corresponden a la provincia en el Congreso de la Nación -tres en Diputados y tres en el Senado- se desarrolla bajo un escenario de creciente atomización política.

Lejos de configurarse un mapa de alianzas estables, las fuerzas se fragmentan en múltiples expresiones, muchas de ellas de carácter personalista, sin que se consoliden frentes con volumen político suficiente para imponerse en un contexto altamente competitivo.

El oficialismo que encabeza el presidente Javier Milei busca ampliar su representación legislativa con un objetivo preciso: alcanzar un Congreso más permeable a sus iniciativas, sin recurrir a la negociación política tradicional, práctica que asimila al funcionamiento de lo que denomina “la casta”.

La experiencia de la Ley Bases resulta ilustrativa: en Diputados se logró la aprobación con 147 votos a favor frente a 107 en contra, tras un trabajoso proceso de construcción de apoyos.

En el Senado, el empate técnico permitió avanzar en la sanción, pero el revés llegó con la votación que definió la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el Fondo de Combustibles, donde la correlación de fuerzas se inclinó en contra del oficialismo.

En la vereda opositora, el kirchnerismo capitaliza su rol como contrapeso, con una estrategia centrada en el rechazo a las políticas oficiales sin presentar un proyecto alternativo integral.

Esta postura se profundiza en un discurso que privilegia la negación antes que la propuesta, un terreno cómodo para mantener identidad pero insuficiente para expandir su base electoral.

En este escenario, la ruptura de Unidad Popular que preside Raúl Dobrusín con Fuerza Patria expuso la crisis interna en ese conglomerado.

El exdiputado argumentó que diluir su fuerza en un frente más amplio implicaba resignar identidad y volver a perder, asumiendo una autocrítica por las acciones que no se realizaron para evitar que Milei accediera al poder.

Esta reflexión se conecta con un fenómeno más amplio: los cambios dirigenciales posteriores a la pérdida de la condición de invicto del partido provincial, que dejó a varios espacios en un estado de repliegue y redefinición. La autocrítica apareció tímidamente.

La Neuquinidad adelantó la presentación de su lista de candidatos, integrada sin referentes visibles de la dirigencia tradicional.

El gobernador Rolando Figueroa logró amalgamar figuras de distintas procedencias políticas e ideológicas, desde sectores progresistas hasta liberales, en versiones más duras o moderadas, evitando quedar atrapado en la sedimentación de la casta política.

El resto de las fuerzas no tuvo la misma suerte.

La iniciativa de un frente antimileísta se diluyó en una dispersión que parece responder más a personalismos que a diferencias ideológicas.

La renuncia del diputado Darío Martínez a la conducción del partido provincial es un ejemplo de esta tendencia.

En paralelo, La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento judicial como partido, pero la diputada Nadia Márquez enfrenta cuestionamientos derivados de antecedentes previos a su actividad política y de denuncias sobre el uso de oficinas públicas para fines partidarios.

A ello se suma la emergencia de sectores libertarios independientes que critican la decisión de no realizar internas, una situación que refleja que la atomización también alcanza al oficialismo libertario.

En definitiva, la fragmentación política que se observa en este proceso electoral no distingue ideologías.

El fenómeno recuerda a experiencias previas en la izquierda, que aprendió a procesar sus disputas internas en el ámbito doméstico para luego enfrentar al adversario común.

La diferencia es que, en este turno, la dispersión amenaza con convertirse en el factor determinante del resultado, más allá de los alineamientos ideológicos.