Nueva ley petrolera: apuro y finta

rubén etcheverry (*)

Los verdaderos motivos por los cuales el gobierno nacional necesita con urgencia una nueva ley de hidrocarburos son dos. El primero: sanear los riesgos (de seguridad jurídica, administrativos, nulidades y causas penales) que le están generando los burdos decretos del Poder Ejecutivo Nacional 1277/12 y 929/13, otorgándoles rango de ley. El segundo: poder otorgar prórrogas de prórrogas en forma directa, sin ningún tipo de licitación ni control de todos los bloques petroleros de Vaca Muerta por los próximos 35 años, antes del final de la gestión. Recordemos que el decreto 1277 convirtió la ley Corta y el dominio de los hidrocarburos en una especie de “Islas Malvinas provinciales”. Meramente declarativo. Soberanía que se reclama. El manejo y la renta de las islas siguen siendo de los ingleses y el gas y el petróleo del Estado nacional. Mientras que el decreto 929 le otorgó inconstitucionalmente plazos fuera de ley, privilegios impositivos y aprobó las cláusulas ocultas del bochornoso acuerdo Chevron-YPF. El resto son las excusas o zanahorias con las que se pretende entretener la opinión pública. Son como el tero que pone los huevos en un lado, las dos razones anteriores, y distrae con sus gritos en otro lado: carry o acarreo (financiamiento a riesgo de un porcentaje de participación en inversiones de exploración), tope de regalías e ingresos brutos, cuestiones ambientales, participación de empresas provinciales y demás fuegos de artificio. Tratar hoy, en pleno Mundial, el proyecto de una dudosa ley petrolera entre los funcionarios de la presidenta y los gobernadores es “fulbito pa’ la tribuna”. Nadie de forma razonable, sin otras ocultas intenciones, podría pensar o argumentar que esa bijouterie son los reales motivos por los cuales no hay inversión en el desarrollo del gas y petróleo en Argentina. Cuando importamos combustibles sustitutos al gas natural a un precio ocho veces más caro que el que se les reconoce a los productores argentinos, es impensable que un 12% de regalías o el 3% de ingresos brutos puedan ser el obstáculo significativo. Resulta inconcebible creer que el 10% de carry, mero efecto financiero y cuando Enarsa exige el 51% en sus bloques offshore, origine un impedimento a las inversiones. El carry es habitual en la industria petrolera de todo el mundo. YPF lo utiliza. Exxon, Shell, EOG Resources lo han aceptado sin inconvenientes en nuestro país. Máxime cuando por otro lado observamos: un riesgo país por las nubes, tasas anuales de crédito por encima del 30% en pesos, impuesto a las Ganancias del 35% y a los Bienes Personales, IVA del 21%, ganancia mínima presunta, con cambios súbitos y cotidianos de las normas y reglas de juego, con intenciones de someter la prensa y la Justicia, con restricciones a la importaciones de bienes esenciales al desarrollo petrolero e imposibilidad de repatriar dividendos luego del riesgo e inversiones asumidas. Esto de lo que no se habla, ¿no tendrá alguito que ver con la falta de inversiones? Pretender argumentar que se requieren 35 años de concesión para atraer inversiones no es más que burla y desconocimiento. En Estados Unidos hay pozos que recuperan su inversión en un par de años y los permisos con los superficiarios se renuevan año a año; el valor neto de un peso traído al presente con las tasas de interés o descuento que se usan en nuestro país, cobrado dentro de 35 años, significa hoy menos de 0,3 centavos. Sin ir más lejos la experiencia de G&P hace unos años en Neuquén ha demostrado que pretender tan extensos plazos es insostenible. Entre el 2008 y el 2011 se firmaron 57 contratos de exploración y desarrollo con empresas petroleras nacionales e internacionales, luego de tres rondas licitatorias, con convocatoria internacional de amplia difusión, contratos conocidos previamente en los pliegos con concepto de carry para G&P, los plazos del primer período exploratorio eran de cuatro años y la modalidad contractual: un contrato de operación con la empresa provincial quien mantenía el permiso exploratorio y eventual concesión de explotación en su totalidad. La inversión comprometida fue de más de u$s 700 millones, con garantías sobre el 100% de las mismas mediante pólizas de caución y sobre un plan de inversiones con detalle trimestral. La prensa y los escribanos que participaron en las respectivas aperturas públicas pueden dar fe de ello. Se desarrolló con la normativa vigente. No hicieron falta cláusulas secretas, mayores plazos, privilegios impositivos, eliminar el carry, mayores plazos ni nuevas leyes. Entonces nos preguntamos: ¿una nueva ley de hidrocarburos es de necesidad y urgencia para que la industria petrolera reciba mayores inversiones o son más tretas y apuros del gobierno kirchnerista en retirada? (*) Expresidente de Gas y Petróleo del Neuquén SA y autor del libro “Yeil, las nuevas reservas: el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén”