Reforma laboral: la mentira del “empleo protegido”

La lectura de muchas notas de opinión sobre la industria y el “proteccionismo” me dejan una sensación recurrente: todos lo rodean, nadie lo enfrenta. Se lo menciona con eufemismos, se lo insinúa con cuidado, se lo justifica con buenas intenciones, pero rara vez se dice con claridad qué es, cómo funciona y, sobre todo, quién lo paga. Incluso quienes parecen críticos evitan ir al núcleo del problema. Esa omisión no es casual: el proteccionismo, cuando se lo analiza sin relatos, deja de ser una consigna noble y pasa a ser lo que realmente es: un sistema de privilegios financiado por el ciudadano común.

En Argentina se repite desde hace décadas una consigna cómoda: “hay que proteger la industria para cuidar el empleo”. Aunque suena bien, es tan políticamente correcta, como falsa.

La industria automotriz argentina emplea alrededor de 77.000 trabajadores directos. Sin embargo, para “proteger” esos empleos, el Estado ha construido un sistema de aranceles, impuestos y restricciones que encarece los automóviles hasta un 50% o más respecto del mismo vehículo vendido en cualquier país del mundo, incluso ingresando al mismo valor CIF.

La pregunta es simple y nadie quiere responder, ¿quién paga y quien se beneficia de este esquema?

Sin dudas no lo pagan los ricos ni las automotrices.

Lo paga el ciudadano común: el trabajador que necesita un auto para ir a trabajar, el comerciante, el productor, el profesional, la familia que quiere cambiar su vehículo viejo e inseguro y lo paga con menos poder adquisitivo, con menos ahorro y calidad de vida.

No es protección al empleo: es un impuesto oculto

Este sistema no protege empleo, lo disfraza. Si el objetivo fuera realmente cuidar a esos 77.000 trabajadores, la solución sería clara, honesta y democrática: subsidiar el empleo directamente a través del presupuesto nacional.

Eso permitiría saber cuánto cuesta realmente, discutirlo en el Congreso, financiarlo de forma progresiva y no castigar a quienes compran un vehículo.

No se hace porque el esquema actual es más cómodo y oculta privilegios. Un subsidio encubierto, invisible, que no figura en el presupuesto, que no se debate y que se cobra vía precios inflados.

No es política industrial, es transferencia forzada de ingresos que no subsidia al trabajador porque no se deposita en su salario, tampoco se ve en el presupuesto.

Entonces hay que decirlo sin vueltas, se está subsidiando a empresarios privilegiados, protegidos de competir, sostenidos por un mercado cautivo y financiados por millones de consumidores que no tienen alternativa.

Ese es el verdadero rostro del “proteccionismo”, no defensa del empleo, sino defensa del privilegio.

Que quede en claro que no se trata de destruir empleo, ese debate está mal planteado a propósito. Se trata de dejar de destruir poder adquisitivo.

Se trata de dejar de empobrecer al ciudadano en nombre de un relato industrial agotado.

Un país que obliga a su gente a pagar autos viejos, caros y atrasados tecnológicamente para sostener un sistema ineficiente no está protegiendo trabajo, está castigando a su propia sociedad.

El dilema real

Argentina tiene dos caminos, y no hay tercero:

1) Proteger el empleo de forma explícita, transparente y presupuestaria.

2) Abrir el mercado, bajar impuestos y permitir que la gente acceda a bienes más baratos, más seguros y más modernos.

Todo lo demás es mentira, todo lo demás es usar al ciudadano como rehén.

Porque mientras no se diga con claridad quién paga estos “privilegios”, el costo lo seguirá absorbiendo el de siempre, el argentino común.

* Contador público de General Roca.