Represas: otro capítulo del “energicidio”

La postergación del proceso de privatización de las represas hidroeléctricas abre una breve pero decisiva ventana para reflexionar sobre el significado profundo y el alcance de esta medida. No se trata solo de contratos, sino de la entrega del control sobre uno de los mayores complejos de ingeniería hidroeléctrica del país, símbolo de soberanía, identidad y desarrollo colectivo.

El reciente intento de reprivatización —ahora postergado por el contexto político y económico, se apoya en la misma matriz ideológica que promovió la desarticulación del Sistema Eléctrico Nacional en 1992/93.
Aquel proceso desreguló el mercado, redujo la capacidad de planificación estatal y despojó a las provincias del control sobre los recursos que sostienen su propio desarrollo.

Hoy, nuevamente, la gestión de las represas del Comahue se presenta como una oportunidad de negocio, cuando en realidad representa un riesgo estructural para la soberanía energética argentina.
La energía no es una mercancía: es un bien común, resultado del esfuerzo colectivo de generaciones que concibieron al Estado como garante del desarrollo nacional.

La historia del complejo hidroeléctrico El Chocón–Cerros Colorados, construido por Hidronor entre 1967 y 1973, condensa ese proyecto de país. El fenómeno socio institucional estatal Hidronor: “Patrimonio Histórico, simbólico, inmaterial” patagónico, junto al “Patrimonio Cultural Arquitectónico de las represas del Complejo Chocón Cerros Colorados”, de valor histórico, de ingeniería y artístico, cuya importancia radica en la tecnología que representan, la gestión del agua y la integración en el paisaje, son ejemplos emblemáticos de innovación y de la evolución del desarrollo de infraestructura del siglo XX.
Su reprivatización por treinta años más constituye una amenaza a su integralidad y a la identidad de los pueblos. Los bienes patrimoniales representan la historia e identidad de la comunidad, por lo que la intervención de agentes económicos corporativos nacionales o extranjeros pueden afectar su identidad o conservación y su relación con el entorno, por obra de sus intereses de explotación comercial o financiera de beneficios de corto plazo.

Hoy no cabe duda que se ha reinstalado en nuestro país un escenario político y económico que vuelve con mayor fuerza, amparado en tendencias geopolíticas internacionales de acumulación por desposesión, donde el poder y la riqueza se concentra en pocas manos mediante la privatización y el cercamiento de bienes comunes y un gobierno que responde fielmente a dichos postulados.
Privatizar hoy su gestión es desandar ese camino: es convertir un patrimonio público en un activo financiero, sometido a las lógicas de la rentabilidad y ajeno a la memoria colectiva de la región.

La amenaza actual puede leerse en clave de energicidio: la destrucción sistemática de la autonomía energética de un país a través de políticas que transfieren al capital transnacional el control sobre sus fuentes de energía. Este proceso, que avanza bajo la apariencia de modernización, implica en realidad la pérdida de soberanía decisional, tecnológica y cultural.

La energía deja de ser un derecho para convertirse en un bien especulativo, sujeto a los vaivenes del mercado internacional. En ese marco, las represas dejan de ser obras de ingeniería nacional para transformarse en instrumentos de dominación económica.

No hay desarrollo posible sin soberanía energética. Las represas, junto con las centrales térmicas y nucleares, forman parte de un sistema que llevó décadas construir y que expresa una concepción estratégica de país. Su mercantilización es también la mercantilización de la vida, del agua, del territorio y de la historia: un intento de borrar la identidad productiva y cultural que arraiga en la Patagonia y en todo el sistema interconectado nacional.

La postergación del proceso privatizador no debe entenderse como un respiro sino como una oportunidad.

Es el momento de recuperar una mirada integral sobre la energía y el patrimonio, y de reafirmar que el control social, público y federal de estos bienes comunes es condición indispensable para cualquier proyecto de desarrollo soberano. Defender las represas no es un gesto de nostalgia: es una forma de cuidar el futuro.
*Historiador y docente de General Roca.