Ruta 6, negligencia criminal

Javier Genoud, DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

La muerte de Rosana Nélida Zapata, una mujer de 30 años, embarazada, que perdió la vida junto a su bebé tras despistar y caer a un desagüe luego del impacto con una ambulancia, no es un hecho aislado. Es la consecuencia más reciente (y más dolorosa) de años de desidia, promesas incumplidas y falsas definiciones en torno a la Ruta 6, una vía clave para el Alto Valle que se ha convertido en un escenario repetido de tragedias evitables. La Ruta 6 no está abandonada desde ayer: está abandonada desde hace años, con anuncios grandilocuentes, contratos firmados que nunca avanzan, obras que se prometen pero no se ejecutan, y una falta total de decisiones concretas para proteger la vida de quienes la transitan a diario.

A lo largo de los últimos años, la Ruta 6 ha sido escenario de múltiples muertes, vuelcos, choques frontales, despistes y situaciones límites que involucran vehículos particulares, camiones, motociclistas, corredores y hasta ambulancias.

Los accidentes se repiten con una frecuencia inquietante. Vecinos, bomberos, policías y personal médico son testigos permanentes de un corredor vial que acumula tragedias sin que la gestión política logre (o quiera) revertir la situación. Incluso la Justicia ya determinó en más de una ocasión que el Estado es responsable por el mal estado de la calzada, la falta de señalización y las banquinas inseguras. No es una percepción: es un hecho comprobado.

Durante sucesivas gestiones, la Ruta 6 fue utilizada como bandera de campaña, objeto de anuncios rimbombantes y obra “emblemática” en discursos oficiales. Sin embargo, el resultado es el mismo: la ruta sigue igual de peligrosa, con tramos donde no hay banquinas firmes, sectores sin iluminación, pozos profundos, deterioro estructural y señalización insuficiente o inexistente.

Años después, las obras siguen sin aparecer.

Llegó el momento de decirlo con todas las letras: esto ya no es solo abandono, es negligencia grave. Y la negligencia grave, cuando se repite, cuando se documenta, deja de ser un problema político y pasa a ser una cuestión de responsabilidad jurídica.

No puede ser que el Estado falle en lo básico: garantizar que la gente llegue viva a su destino. Hoy la sociedad del Alto Valle tiene la obligación moral de condenar públicamente a quienes, por acción u omisión, permitieron que esta ruta se convirtiera en un corredor de tragedias.

Porque si la muerte de una mujer embarazada no alcanza para que el Estado actúe, entonces será la Justicia la que tendrá que hacerlo. ¿Qué más está esperando la Justicia para accionar?