Tabula rasa fiscal: un reconocimiento tardío pero necesario

En estos días, el gobierno nacional ha dado un paso audaz y controversial: mediante decreto, ha admitido que el sistema fiscal argentino, tal como venía funcionando, ha fracasado. Lo hace sin decirlo abiertamente, pero lo confirma con hechos: habilita ahora el uso de dólares no declarados sin preguntar por su origen. Es, en los hechos, una tabula rasa fiscal. Un punto cero. Un sinceramiento.

Durante años, el Estado trató al ciudadano común como un presunto culpable. Se lo vigiló, se lo ahogó en declaraciones juradas, regímenes de información, percepciones y retenciones. Cada pequeño ahorro fue puesto bajo sospecha. ¿El resultado? La gente guardó su dinero en el colchón, lejos del sistema financiero, lejos del crédito, lejos de la economía productiva.

La cultura del control terminó promoviendo la evasión. La desconfianza del fisco en los ciudadanos generó, en espejo, desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado. Se rompió el contrato fiscal. No por falta de normas, sino por exceso de ellas y por su aplicación sesgada e ineficaz.

Hoy, el gobierno reconoce, aunque sin asumirlo con todas las letras, que la economía necesita respirar. Que si los dólares no vuelven al sistema, no habrá crédito, inversión ni futuro. Que una moneda fuerte no se impone con regulaciones, sino con confianza.

Pero aún falta algo fundamental: que las provincias acompañen. Porque no es solo la AFIP la que impone exigencias absurdas. Las agencias provinciales de recaudación replican e incluso superan ese modelo de asfixia. Requieren la misma información —y a veces más—, imponen sus propios regímenes de retención y percepción, y convierten en una carrera de obstáculos la tarea diaria de miles de contribuyentes y profesionales.

La Argentina no necesita 24 subsistemas fiscales funcionando como compartimentos estancos. Necesita coordinación, simplificación y, sobre todo, respeto por quienes generan riqueza en lugar de vivir de ella.

Esta tabula rasa no debe ser un simple blanqueo encubierto. Debe ser el punto de partida de una reforma fiscal integral. Una que simplifique, que incentive, que confíe. Una que vea al contribuyente como un socio del desarrollo y no como un sospechoso crónico.

Esta decisión del gobierno nacional, como toda medida extraordinaria, plantea riesgos y preguntas. ¿Se premiará a quien no cumplió? ¿Qué mensaje se da al que lo hizo siempre? ¿Se puede volver atrás sin cambiar las bases del sistema tributario?

Una reforma fiscal genuina también debe cambiar el foco del control. No tiene sentido continuar asfixiando a los pequeños contribuyentes con múltiples regímenes informativos y retenciones que los alejan del sistema formal. Son los grandes contribuyentes quienes representan la mayor parte de la recaudación. Allí debe concentrarse la capacidad técnica del Estado: en fiscalizar con inteligencia, detectar estructuras elusivas y asegurar que quienes más tienen y más ganan, cumplan con sus obligaciones. Es una cuestión de eficiencia, pero también de justicia.

Y hay algo que debe afirmarse sin rodeos: quien verdaderamente cumplió en Argentina fue el empleado en relación de dependencia. Aquel que no puede escapar a los aportes y contribuciones al sistema, que soporta las retenciones del impuesto a las ganancias, que en cada consumo paga IVA e Ingresos Brutos y que, sin dudas, fue el más castigado por el impuesto inflacionario. Ese esfuerzo silencioso y constante merece, al menos, el reconocimiento explícito del Estado.

Argentina no crecerá si sigue castigando al que produce, ni si sigue haciendo del Estado un botín para pocos. Crecerá cuando entendamos que el ahorro, la inversión y el trabajo formal no se logran con amenazas, sino con reglas claras, estables y justas.

Esta nota no busca celebrar ni condenar. Busca poner en palabras lo que muchos piensan: que el Estado, al fin, reconoció su error. Y que ahora tenemos la oportunidad —quizás la última— de construir algo mejor. Pero no podrá hacerlo solo. Las provincias también deben asumir su parte y nosotros la nuestra.

* Contador público .