Tres reformas estructurales que las provincias no pueden posponer
Varios distritos mantienen estructuras sobredimensionadas, financiadas por un esquema fiscal regresivo y una coparticipación que disocia el nivel de gasto del esfuerzo tributario propio.
El anuncio presidencial sobre la creación del Consejo de la Libertad plantea una instancia de debate interjurisdiccional en torno al ordenamiento fiscal, la reducción del gasto público y la modernización administrativa. Más allá del simbolismo político del anuncio, el trasfondo técnico es claro: si las provincias no emprenden su propio proceso de reforma, la recuperación económica nacional quedará a mitad de camino.
Desde hace años, las provincias mantienen estructuras sobredimensionadas, financiadas en gran medida por un esquema fiscal regresivo y una coparticipación que disocia el nivel de gasto del esfuerzo tributario propio. El caso de Río Negro permite ilustrar con claridad por qué se requieren tres reformas urgentes.
1. Reforma tributaria: del esquema regresivo al incentivo productivo
En Río Negro, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa aproximadamente un 72% de los ingresos tributarios propios. Este tributo, ampliamente cuestionado por su efecto en cascada y su regresividad, afecta la competitividad de las economías regionales, encarece la producción y distorsiona precios relativos. La propia Comisión Federal de Impuestos ha reconocido la necesidad de avanzar en su sustitución gradual.
La propuesta de migrar hacia un sistema de IVA provincial, complementario al IVA nacional y basado en la lógica del Convenio Multilateral, no solo permitiría una base tributaria más neutral y menos distorsiva, sino que también generaría un marco de competencia fiscal entre provincias. Bajo esta lógica, cada jurisdicción debería atraer inversión por su eficiencia tributaria y no sostenerse a partir de recursos que no genera.
2. Disciplina fiscal: la motosierra también debe ser provincial
El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establece límites concretos al crecimiento del gasto primario corriente. Salvo excepciones (como haber registrado superávit), las provincias no pueden incrementar este gasto por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor.
En el primer trimestre de 2025, Río Negro incrementó su gasto primario en un 137,54% interanual, frente a una inflación acumulada del 68%. Esto implica una duplicación del umbral permitido, en clara infracción al principio de responsabilidad fiscal.
Mientras el gobierno nacional aumentó su gasto en apenas 31,03%, evidencia de una política de ajuste y reordenamiento, algunas provincias continúan expandiendo el gasto sin respaldo genuino, confiando en la transferencia automática o en la presión tributaria como forma de financiamiento.
3. Modernización administrativa: menos burocracia, más transparencia
La modernización del Estado no puede limitarse a la digitalización de trámites. Implica una transformación profunda en la lógica de funcionamiento del sector público provincial: eliminación de estructuras superpuestas, revisión de privilegios laborales, automatización de procesos, fortalecimiento del control interno y auditorías externas sobre el uso de los recursos públicos.
En Río Negro, como en otras provincias, conviven:
– Cargos políticos con estabilidad informal.
– Organismos duplicados o sin función clara.
– Escasa evaluación del desempeño del personal público.
– Falta de acceso ciudadano a información fiscal detallada y en tiempo real.
La eficiencia administrativa debe ser parte del estándar republicano básico. Sin transparencia ni medición, no hay posibilidad real de control democrático ni de mejora continua.
Conclusión: federalismo con responsabilidad
La política fiscal debe ser coherente a nivel nacional y subnacional. Las provincias no pueden seguir siendo “cajas negras” que aumentan impuestos para sostener estructuras ineficientes mientras reclaman recursos federales. La responsabilidad es compartida.
Reforma tributaria, disciplina fiscal y modernización del Estado deben formar parte de una agenda federal mínima. No se trata solo de alinearse con un programa de Nación, sino de garantizar la sostenibilidad futura de las propias jurisdicciones y el respeto por el ciudadano contribuyente.
* Contador Público, General Roca.
El anuncio presidencial sobre la creación del Consejo de la Libertad plantea una instancia de debate interjurisdiccional en torno al ordenamiento fiscal, la reducción del gasto público y la modernización administrativa. Más allá del simbolismo político del anuncio, el trasfondo técnico es claro: si las provincias no emprenden su propio proceso de reforma, la recuperación económica nacional quedará a mitad de camino.
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