Ordenan la detención de 44 funcionarios

El juez federal de Santiago del Estero, Angel Toledo, ordenó ayer detener a 44 funcionarios, jueces y diputados por el cobro de jubilaciones incompatibles, una defraudación que supera los 25 millones de pesos en perjuicio del Estado nacional, aunque hasta el momento ninguno fue apresado debido al pedido de eximición de prisión presentado por las defensas.

Fuentes judiciales adelantaron que en virtud del pedido de eximición de prisión presentado por los abogados defensores, el juez decidiría en las próximas horas «llamar a los acusados a indagatoria».

Allegados al magistrado no descartan que «tras la declaración indagatoria los acusados queden detenidos», y explicaron que el juez adoptaría esa decisión debido a que el pedido de detención que libró ayer por la mañana «está suspendido por la eximición presentada por la defensa, para la que tiene 72 horas hábiles para resolver».

Las mismas fuentes informaron que «la mayoría de los acusados han enajenado sus bienes en las últimas horas», es decir que «automáticamente se convirtieron en insolventes». «En varias escribanías de la capital santiagueña han comenzado a transferir sus bienes a otras personas», precisó la fuente consultada. En ese sentido, adelantó que «seguramente comenzará paralelamente otra causa sobre ellos, en la que se investigará el destino de los inmuebles, vehículos, y otras propiedades» de los acusados.

En cuanto se supo la orden del juez, abogados del foro santiagueño presentaron pedidos de eximición de prisión para los 44 funcionarios, jueces y diputados acusados. La decisión del magistrado surgió a partir de un dictamen del fiscal Alberto Pravia, a su vez basado en un planteo del titular del ANSeS, Sergio Massa, quien pidió la detención de estas 44 personas -entre ellas la ex gobernadora Mercedes «Nina» Aragonés de Juárez-, acusadas por el cobro indebido de jubilaciones.

Las fuentes explicaron que las detenciones aún no se hicieron efectivas porque se encuentran pendientes de resolución los pedidos de eximición de prisión, entre ellos los del ex ministro de Economía Walter Tagliavini, que deben ser resueltas por el juez Angel Toledo.

A través de una demanda judicial, ANSeS intenta recuperar los 25 millones de pesos que le costó al Estado nacional la defraudación en Santiago del Estero por el cobro indebido de jubilaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

(Télam)