Pedido de amparo para frenar las fracturas en Vaca Muerta por los sismos

Fue presentado por FARN, una organización ambiental. Reclaman que se tomen medidas que garanticen la seguridad de la población.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que se tomen medidas que aseguren que la actividad hidrocarburífera no cause sismos. Explicaron que realizaron la presentación junto a la comunidad Wirkaleo, que reside en Sauzal Bonito, y a vecinos de la localidad. La organización, formada por abogados y profesionales de otras materias con una alta especialización en ambientalismo, se ha involucrado en la situación desde 2019. Indicaron que ante la falta de acciones del Gobierno y la repitencia de los sismos, optaron por esta vía judicial.

"No solicitamos que se frene la actividad, sino que no se realicen nuevas fracturas", aclaró el coordinador de asuntos legales de FARN, Santiago Cané. Explicó que desde 2019 a este año han solicitado información a las Subsecretarías de Ambiente y la de Energía, Minería e Hidrocarburos para conocer las resoluciones de la Provincia. De las respuestas, según indicaron en un comunicado, concluyeron que las autoridades "negaron el impacto de la actividad".

Para FARN, el incremento de la actividad sísmica está directamente vinculado al fracking (hidrofractura). Cané agregó que también la relacionan a los "pozos sumideros, donde tiran y almacenan enormes cantidades de los residuos más peligrosos".

Con el amparo, FARN exige, como primera medida que no se hagan más fracturas para estudiar el tema y definir acciones necesarias para evitar la inducción de sismicidad. Luego, se debería avanzar con monitoreos de las infraestructuras de los sitios más afectados, asegurar las edificaciones, bajar la intensidad de presión alejando las fracturas de poblados y cuerpos de agua, entre otras.

La polémica alrededor del incremento de la sismicidad en Vaca Muerta lleva varios años y pocas resoluciones. Las denuncias de los pobladores de Sauzal Bonito, un pequeño pueblo ubicado en la ribera del río Neuquén entre Cutral Co y Añelo, son constantes.

Luego de una seguidilla de 38 sismos a finales de enero de 2019 (uno tuvo tal magnitud que dejó fuera de servicio la bomba de agua), el Gobierno anunció un despliegue de hasta 20 sismógrafos y un plan de estudio que buscaría responder si los temblores se producen por acción natural o humana. Hasta la fecha, solo hay uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo, que no alcanzan para arrojar datos mínimos confiables porque, para esto, se precisarían al menos siete.

En paralelo, Neuquén firmó un convenio de confidencialidad con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) para que no se difundan los microsismos, que son los que se utilizan para "dibujar" el camino del temblor. "Además, algunas empresas hicieron estudios propios que facilitaron a las autoridades y también los tienen confidenciales", indicó Cané, en referencia a los realizados por Total y Wintershall entre 2016 y 2018.

Ahora, la atención está puesta en la resolución del amparo. Cané detalló que, de momento, les hicieron requerimientos formales previos. "Está en manos del Juzgado Federal de Neuquén y éste tiene la responsabilidad de garantizar el derecho acceso a la justicia ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que ya es ley en Argentina", resaltaron desde la organización.


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