Persiguiendo el expediente dormido
Hubo un funcionario rionegrino que no se resignó a que la provincia de Río Negro pierda el cerro ni la inversión. Se trata del exfiscal de Estado Gustavo Martínez, hoy juez camarista civil. En 1988, Martínez sostuvo -en la Vista 70.591- que había que procurar que el bien (cumbre del López) se mantuviera dentro del patrimonio provincial y evitar que volviera a Nación. Y, si bien proponía multar a Olympus por el largo incumplimiento, también era partidario de que le otorgaran una ampliación razonable de plazo para permitir una obra que entonces era clave para la ciudad y la provincia. Sostenía asimismo que era necesario exigir un plan de trabajo con plazos más cortos y reformular el contrato con la exigencia de mayores garantías del inversor. Se desarrollaron reuniones entre funcionarios de Gobierno y de Turismo de la gestión Verani con el representante de Olympus, Carlos Gerardo Gómez. Se advertía entonces cierta flaccidez en la solvencia financiera de Olympus, por lo cual había necesidad de requerirle a la empresa el acompañamiento de inversores y garantías acordes con la magnitud del emprendimiento. Por si fuera poco, se supo luego que el tal Gómez se vio involucrado en el 2001 en una estafa con bonos a Familiares de Desaparecidos desde su financiera Capital Service. Había otro dolor de cabeza para el Ejecutivo. Se había dado cuenta de que la transferencia del cerro a la empresa se hizo a título gratuito y no bajo la forma usual de concesión para explotación. De suerte que, de acuerdo con los términos del contrato firmado por Massaccesi, Olympus directamente terminaba siendo propietario del cerro. Así, se dieron directivas al abogado de la Secretaría de Turismo para que intentara remediar los documentos e incluyeran el cobro de un canon, que antes directamente no existía. Pasó el tiempo y el cajoneo fue evidente. Martínez, quien asumió luego como ministro Coordinador del gobernador Pablo Verani, insistió en su cruzada sin suerte. Se advertía por esa época que el trámite estaba literalmente “pisado” en las oficinas de Bariloche, desde donde se manejaba el área de Turismo.
Hubo un funcionario rionegrino que no se resignó a que la provincia de Río Negro pierda el cerro ni la inversión. Se trata del exfiscal de Estado Gustavo Martínez, hoy juez camarista civil. En 1988, Martínez sostuvo -en la Vista 70.591- que había que procurar que el bien (cumbre del López) se mantuviera dentro del patrimonio provincial y evitar que volviera a Nación. Y, si bien proponía multar a Olympus por el largo incumplimiento, también era partidario de que le otorgaran una ampliación razonable de plazo para permitir una obra que entonces era clave para la ciudad y la provincia. Sostenía asimismo que era necesario exigir un plan de trabajo con plazos más cortos y reformular el contrato con la exigencia de mayores garantías del inversor. Se desarrollaron reuniones entre funcionarios de Gobierno y de Turismo de la gestión Verani con el representante de Olympus, Carlos Gerardo Gómez. Se advertía entonces cierta flaccidez en la solvencia financiera de Olympus, por lo cual había necesidad de requerirle a la empresa el acompañamiento de inversores y garantías acordes con la magnitud del emprendimiento. Por si fuera poco, se supo luego que el tal Gómez se vio involucrado en el 2001 en una estafa con bonos a Familiares de Desaparecidos desde su financiera Capital Service. Había otro dolor de cabeza para el Ejecutivo. Se había dado cuenta de que la transferencia del cerro a la empresa se hizo a título gratuito y no bajo la forma usual de concesión para explotación. De suerte que, de acuerdo con los términos del contrato firmado por Massaccesi, Olympus directamente terminaba siendo propietario del cerro. Así, se dieron directivas al abogado de la Secretaría de Turismo para que intentara remediar los documentos e incluyeran el cobro de un canon, que antes directamente no existía. Pasó el tiempo y el cajoneo fue evidente. Martínez, quien asumió luego como ministro Coordinador del gobernador Pablo Verani, insistió en su cruzada sin suerte. Se advertía por esa época que el trámite estaba literalmente “pisado” en las oficinas de Bariloche, desde donde se manejaba el área de Turismo.
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