Piden detener todos los emprendimientos mineros

VIEDMA (AV)- Una ley, antes de octubre, prohibiendo el avance de cualquier sistema de minería con el uso de agua mezclada con tóxicos en Río Negro. Ese es el pedido a la Legislatura rionegrina elevado por los integrantes de la Asamblea de Autoconvocados de Río Negro, Chubut, Neuquén y Patagones que se oponen a la explotación minera a través de aquel sistema en la Patagonia.

Reclamaron también que se suspendan las autorizaciones de cateos y se impida la etapa de exploración ante los gravísimos daños que ocasionan al medio ambiente.

En el informe se manifestaron a favor de la posición del gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, de no autorizar la explotación de la mina de Calcatreu en Jacobacci pero destacaron que el mandatario no anunció la anulación de 56 proyectos de una docena de empresas con pretensiones extractivas de oro y plata tan o más grandes que la no autorizada.

Remarcaron que el gobierno «no puede jugar al distraído como si el gesto ambiental fuera suficiente» y responsabilizaron a los funcionarios que promueven la minería del estado al que llegaron las cosas. Agregaron que con esta decisión Río Negro se suma a otras regiones que rechazan este tipo de proyectos de explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro como Esquel, la comarca andina en Chubut y Río Negro, Calingasta en San Juan, Alpachiri en Catamarca, Valle de Uco en Mendoza; Jáchal en San Juan; Vallenar en Chile; Tambogrande en Perú; Cantón Cotacachi en Ecuador; San Luis de Potosí en México; Montana en Estados Unidos; San Marcos en Guatemala y Valle de Siria en Honduras, entre otros.

La asamblea destacó el avance que significa esta decisión rionegrina pero subrayó que falta un enorme trecho por recorrer». La amenaza de trasformar a la Patagonia en un mero depósito de tóxicos con sus recursos naturales extraídos a bajo costo con una suma imprevisible de consecuencias y conflictos asociados sigue intacta y exige el máximo grado de alerta y compromiso político».

Por otra parte consideró

imprescindible denunciar y rechazar «por ser coloniales» leyes nacionales que protegen ese tipo de negocios en gran escala y puntualizó que las empresas mineras «no liquidan divisas y están autorizadas a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones».

La asamblea exigió también el rechazo público a través de una ley el llamado «tratado de integración minera Chile-Argentina» por estar en contra del patrimonio histórico, de los intereses y de los derechos económicos, sociales y culturales de ambos pueblos.

En el informe se reclamó además que se prohíba la intervención de empresas mineras en el sistema educativo con donaciones hasta clases especiales por considerarla «inadmisible» y como una actividad política «para defender selectos bolsillos disfrazada de relaciones públicas».

Nota asociada: Sigue el conflicto en Jacobacci y Aquiline presionará en la Legislatura  

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