Piden la renuncia de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer

La agrupación feminista “Mujeres Organizadas de la Comarca” repudió los dichos de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro, Laura Azanza, quien negó el aumento de denuncias en el marco de la Ley 3040, de violencia de género, que recientemente se difundió desde el Poder Judicial provincial.

En el marco de una entrevista la funcionaria desmintió ese incremento por lo que el grupo afirmó que “difundió información falsa” y desconoció “el propio marco normativo sobre el cual debería trabajar la institución que preside”.

El colectivo Mujeres Organizadas, que conforman entre otras, la concejal Mariana Arregui, la dirigente gremial Nelly Costa, integrantes del Consejo local de la Mujer como Julia del Carmen, periodistas como Mayra Santa Cruz, docentes universitarias como Agustina Schäuble y referentes comunitarias expresó que “si Azanza no puede dormir no es precisamente porque le preocupe el accionar de jueces y juezas de la provincia sino porque no arbitró las medidas necesarias para proteger a Silvia Vázquez Colque”.

La agrupación se refiere a la desaparición de la mujer de origen boliviano quien fue vista por última vez el 1 de junio pasado. Más de un mes más tarde una hermana suya radicó la denuncia ya que su marido no lo había realizado.

Vazquez Colque había sido atacada con un cuchillo en enero pasado por su esposo pero luego volvió al seno familiar. Por la no intervención del Consejo de la Mujer desde enero a junio para proteger a la víctima de aquel episodio el colectivo feminista pide ahora la dimisión de la funcionaria.

“Nos debe una explicación, queremos saber por qué motivo no tenía guardia policial en su domicilio como solicitó un juez de esos a los que critica. Por qué no difunden su búsqueda. Queremos saber los motivos por los cuales profesionales de la institución que preside desconocen quien es Silvia”, expresaron en un comunicado.

Además, recuerdan que el Ministerio de Desarrollo Social, como órgano de aplicación de la Ley 3.040, tiene funciones claras que van más allá del “seguimiento económico” como plantea Azanza.

Acusaron a Azanza de ser quien “miente, elude responsabilidades, subestima y niega el diálogo e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil a las que tilda de no comprometidas”.

Finalmente, sostiene el texto difundido que “los argumentos que esgrimió respecto a su ausencia en las convocatorias de “Ni una menos” no hacen más que confirmar nuestra visión sobre el trabajo que sostienen: no trabajan para las mujeres, trabajan para ellos mismos. Las convocatorias exceden lo laboral y no es un argumento válido referir que su ausencia en las marchas se debe a que trabaja más de seis horas”.