Pocos asistentes para mucho trabajo en Promoción Familiar

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Unos treinta trabajadores y asistentes sociales manifestaron preocupación por el «vaciamiento de las instituciones provinciales» que pone en riesgo la prestación de los servicios de Promoción Familiar en esta ciudad y deja desamparado a un millar de necesitados.

En una nota elevada ayer al Ministerio de Familia rionegrino, su par nacional, al intendente Alberto Icare y el Concejo Municipal, el Colegio de Trabajadores Sociales de Bariloche denuncia la carencia de profesionales y la falta de recursos que aqueja a la delegación local.

La dependencia cuenta con «sólo tres trabajadores sociales» para monitorear a unos 1.000 beneficiarios de distintos planes asistenciales y atender los requerimientos de la justicia.

El titular de la cartera de Familia, Oscar Idoeta, reconoció ayer a «Río Negro» que comparte «algunas cosas» del escrito que generan «mucha preocupación», pero descartó la existencia de un plan «premeditado» de «vaciamiento del área».

El ministro tomó conocimiento del reclamo pocos minutos antes de partir hacia Pilcaniyeu y en diálogo telefónico con «Río Negro» aseguró que «esta semana vamos a ir resolviendo las cosas».

El nudo del conflicto pas por la inestabilidad laboral de los asistentes sociales -vinculados al Estado por becas de 600 pesos-, la falta de lineamientos políticos claros y cierto clima hostil de trabajo que los afectados atribuyen a las nuevas autoridades.

«Si siete éramos pocos y quedaba mucha gente sin atender, qué pueden hacer ahora tan sólo tres asistentes sociales», reflexionó uno de los involucrados, quien denunció que «ahora se está llenando (la delegación) de punteros políticos».

En la misiva los firmantes sostienen que «distintas administraciones y con diversos argumentos han producido un vaciamiento de las instituciones provinciales y en particular de los organismos tutelares», con la consiguiente «desarticulación del Servicio Social de la delegación de Promoción Familiar».

Esta situación de deterioro afecta a unas 500 familias bajo tratamiento y seguimiento por problemáticas vinculares y judiciales, impide el control de gestión de las ONG's subsidiadas por el Estado y paraliza los programas para la contención de niños con graves problemas familiares o en situación de calle.

También obligó al cierre de la casa 46 destinada a la contención de niños en situación de riesgo y condiciona el funcionamiento de la casa 17 donde se alojan en «condiciones inadecuadas» los jóvenes en conflicto con la ley.

Idoeta atribuyó parte del conflicto a «dificultades» con el equipo técnico que lo antecedió en el área y no descartó segundas intenciones en el reclamo.