Poder policial

Todo sería más sencillo si la Bonaerense fuera una policía disciplinada, honesta y, por lo tanto, confiable.

Como su antecesor Eduardo Duhalde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, ha tenido que juzgar cuál de las dos, el hampa o la policía bonaerense tal como efectivamente es, plantea el mayor peligro a los habitantes de la jurisdicción más poblada del país y, lo mismo que Duhalde, a inicios de su gestión ha optado por apostar en favor de esta última, lo cual ha alarmado mucho a los legisladores de la Alianza. Por razones comprensibles, a éstos no les atrae en absoluto la una nueva “reforma” de Ruckauf que está destinada a devolver a los uniformados la facultad de interrogar a los detenidos y revisar, sin orden judicial previa, a quienes les parezcan sospechosos. A la luz de lo que ocurría antes de que León Arslanian fuera nombrado ministro de Seguridad provincial, sus reparos son legítimos: nadie desconoce que los hombres de la Bonaerense aprovechaban sus poderes para torturar, extorsionar y adulterar sumarios a fin de pactar con criminales, ni que muchos comisarios lograron convertirse en multimillonarios. Con todo, también es legítimo el deseo de Ruckauf de dar a la policía facultades que le permitirían cumplir su deber con eficiencia en un distrito en el que la delincuencia se ha transformado en una auténtica plaga.

Todo sería mucho más sencillo si la Policía Bonaerense fuera una fuerza disciplinada, honesta y por lo tanto confiable. En tal caso la ciudadanía estaría más que dispuesta a colmarla de poderes por entender que sin ellos no estarían en condiciones de luchar contra el crimen. Pero si bien algunas de las figuras más notorias de la “maldita policía” de las primeras etapas duhaldistas se han visto obligadas a jubilarse, la depuración que se puso en marcha fue frenada brutalmente por el entonces candidato Ruckauf por motivos electorales. Huelga decir que su intervención sirvió para envalentonar a los contrarios a las reformas promovidas por Arslanian y desalentar a los deseosos de que la mayor repartición policial del país se haga digna de la confianza ciudadana, creando así dificultades adicionales que bien podrían resultarle políticamente costosas en los próximos años.

Aunque Ruckauf es naturalmente reacio a admitirlo, tanto su propia actitud frente a los problemas planteados por el crimen violento como la de muchos otros se basa en el presupuesto de que le es preciso optar entre tolerar las deficiencias de la policía por un lado y, por el otro, resignarse a ver intensificarse la delincuencia. Sin embargo, sería absurdo creer que el “gatillo fácil” es la única alternativa a la indefensión ciudadana. Por el contrario, a menos que la Bonaerense y las demás fuerzas policiales del país logren dejar atrás las prácticas mafiosas de los últimos años, no tendrán posibilidad alguna de hacer frente a las amenazas planteadas tanto por la proliferación de delincuentes “comunes” como de la presencia de grandes bandas organizadas y narcotraficantes, algunos de origen extranjero.

El desafío ante Ruckauf, pues, consiste en posibilitar una alianza, basada en la confianza mutua, entre la ciudadanía decente y la Policía. Cuando existe una alianza, los policías, además de actuar con más eficacia por contar con la colaboración de todos salvo los criminales mismos, se saben debidamente respetados. En cambio, si los policías son temidos y despreciados, no pueden desempeñar bien sus funciones y, por estar desmoralizados, son proclives a caer en la tentación de perpetrar delitos de todo tipo. Por eso, a Ruckauf le convendría exigirles a los policías bonaerenses que le den más motivos para merecer los poderes especiales que quiere otorgarles, reduciendo de este modo el peligro de que los comisarios más influyentes lleguen a la conclusión de que el nuevo gobernador es un “amigo” dispuesto a reanudar los pactos de impunidad que se celebraron durante las primeras fases de la gestión de Duhalde y que no sólo agravaron aún más el estado de la Bonaerense sino que también contribuyeron a sembrar un clima signado por el desdén por los derechos ajenos en el que era previsible que prosperaría el crimen.