Polémica por un proyecto sobre tierras fiscales rionegrinas

VIEDMA (AV).- Un proyecto de modificación a la Ley de Tierras Nº 279, destinada a favorecer la venta de espacios fiscales, se trabó en polémica entre el oficialismo y la oposición.

La iniciativa fue presentada por el legislador José Luis Rodríguez (UCR) y está siendo discutida por la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos del Parlamento rionegrino.

El texto define que «los precios a los cuales se otorgan las tierras fiscales se corresponden a lo que podría denominarse precio productivo, los que tienen, en algunos casos, importantes diferencias con los valores del mercado inmobiliario (especialmente en tierras que se destacan por su ubicación o por sus características particulares) y esta diferencia de valores no es criticable en la medida que las adjudicaciones se realizan en cumplimiento de estos principios ya mencionados».

Agrega que «para evitar estas situaciones, en el año 1975, esta Legislatura estableció por ley 1.110, el Derecho de Preferencia del Estado rionegrino sobre estas tierras, originariamente fiscales, al momento de realizar su primera venta, aunque la situación actual de los estados hace que sea de difícil implementación dada la falta de disponibilidad de recursos para hacer frente a las erogaciones que significan la recompra de ellas».

 

La propuesta oficialista

Propone entonces que en el caso que el Estado rionegrino decida, por los motivos que fuera, no hacer uso de su derecho de preferencia al momento de la primera venta de una tierra originariamente fiscal, que el adjudicatario de la misma deba abonar al estado provincial el 50 % de la diferencia entre el precio al que se le adjudicó y el precio de venta, estableciendo éste por el mayor valor entre el que conste en el boleto de compra-venta y un valor de mercado convenientemente establecido.»

En la última reunión de esa comisión, el legislador Carlos Valeri (Encuentro) no apoyó el proyecto firmando un despacho por la minoría, aduciendo que «el proyecto intenta crear una 'inmobiliaria estatal' anticipándose a las futuras ventas que realicen los primeros adquirentes, ya que como este gobierno no tiene intenciones de planificar el futuro productivo de sus recursos, entonces los vende».

Por su parte, Rodríguez aclaró que el valor productivo suele ser muy bajo y para evitar especulaciones para que luego esas tierras vendidas por el Estado a precios irrisorios, luego se vendan a altos valores inmobiliarios, por lo tanto «impulsamos un impuesto a la primer venta».