Cortés vetó una comisión para evaluar el pase a planta permanente en Bariloche
El intendente consideró que la ordenanza establece una "injerencia directa" en las facultades del Ejecutivo y cuestionó varios aspectos.
El intendente Walter Cortés advierte una “injerencia directa” en las facultades del Ejecutivo en una comisión evaluadora creada por ordenanza semanas atrás para ponderar el pase a planta permanente de unos 400 municipales en condición de contratados y por eso vetó la norma.
Se trata del segundo veto del intendente a una normativa vinculada a la regularización laboral de los trabajadores municipales. En este caso, la ordenanza que fue aprobada por mayoría a comienzos de septiembre, creaba una comisión evaluadora mixta, con participación del Ejecutivo, el Concejo y el gremio Soyem, para analizar cada situación de los contratados con el posterior objetivo de ingresar en un listado de personal en condiciones de ser incorporado a la planta oficial.
La norma se aprobó con el rechazo de los tres concejales del bloque oficialista PUL y estuvo ausente Juan Pablo Ferrari (JSRN). Esa situación abre la posibilidad de que prospere el veto del intendente cuando deba ser ratificada o no por una mayoría especial de ocho ediles la ordenanza.
Anteriormente, el intendente meses atrás había vetado otra ordenanza vinculada al personal, pero aquella vez se trataba del pase a planta permanente de manera directa, previa evaluación del cumplimiento de las exigencias para llegar a esa condición.
Según los fundamentos del veto, que se emitió por resolución a última hora del viernes, el intendente advirtió una serie de puntos cuestionables de la ordenanza, entre ellos que se fija una imposición al Ejecutivo para que tome el listado que surja de la comisión y efectivice el pase a planta permanente.
También cuestiona que se le otorga un poder de decisión a personas “ajenas” a la administración como es el caso de los representantes del gremio Soyem que en la comisión tendrán voz y voto.
Reitera además las complejidades financieras para asumir un pase a planta permanente y vuelve a achacar al Concejo que no tiene previsión económica porque ese cuerpo no aprobó la ordenanza fiscal y tarifaria de 2026.
Según el análisis del Ejecutivo, la incorporación de “un número significativo de agentes (…) impacta de manera directa en la estructura y gasto público municipal”.
Agrega otro punto de cuestionamiento en que se abarca a distintas situaciones contractuales “sin contemplar las particularidades propias de cada vínculo”, contemplando contratos por horas cátedra, regímenes especiales y distintas modalidades de contrato.
El veto deberá ir ahora al Concejo Deliberante que en sesión debe someterlo a análisis. Se necesita una mayoría especial de ocho votos para que la ordenanza quede firme, de lo contrario, se impone el veto de Cortés.
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