«Costosas iniciativas», calificó el FMI: aseguró que las leyes que vetó Javier Milei son el 1,5% del PBI
Desde el organismo internacional calcularon que el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad elevarían el gasto público en 1,5% del PBI.
Javier Milei con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las leyes aprobadas por el Congreso, que el presidente Javier Milei vetó, incrementarían el gasto público en un 1,5% del PBI. Estas normas, que incluyen un aumento del 7,2% en jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, fueron calificadas como “costosas iniciativas” en un contexto de “presión electoral”, según el staff report de la primera revisión del acuerdo con Argentina.
El FMI señaló que estas leyes desafían el objetivo del Gobierno de lograr un superávit fiscal del 1,6% del PBI. “El Congreso aprobó iniciativas de gasto para pensiones, discapacidad y transferencias a provincias por un 1,5% del PBI”, indicó el organismo, que aprobó un desembolso de US$2000 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas.
La resolución de estas medidas podría extenderse más allá de octubre.
Cómo sostener el veto: apoyo de gobernadores o judicialización
El Gobierno busca apoyos entre gobernadores y evalúa judicializar si el Congreso anula el veto. Además, propuso un aumento acotado en discapacidad para sumar respaldo político.
El FMI destacó el compromiso de Milei de presentar una reforma previsional antes de diciembre de 2026 para optimizar el sistema. “Busca armonizar contribuciones y prestaciones, promoviendo la formalización laboral”, explicaron los técnicos.
Agencia Noticias Argentinas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las leyes aprobadas por el Congreso, que el presidente Javier Milei vetó, incrementarían el gasto público en un 1,5% del PBI. Estas normas, que incluyen un aumento del 7,2% en jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, fueron calificadas como “costosas iniciativas” en un contexto de “presión electoral”, según el staff report de la primera revisión del acuerdo con Argentina.
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