El fiscal Vignaroli y el caso Bertolini: «pensamos tomar una medida que puede provocar un conflicto de poderes en Plottier»
El fiscal jefe Pablo Vignaroli anticipó detalles que se revelarán este lunes, en la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier y tres personas más. El monto de la maniobra investigada asciende a 2.300 millones de pesos.
Fiscal jefe del equipo de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli. (Foto: Cecilia Maletti)
En la municipalidad de Plottier no existe el expediente digital: la burocracia queda registrada en papel. Cuando la fiscalía de Delitos Económicos allanó la secretaría privada del intendente Luis Bertolini en una investigación de un posible fraude por 2.300 millones de pesos, y otras dependencias para buscar documentación, no encontraron los biblioratos en los que archivan ciertos papeles. Les dijeron que la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, se los había llevado a su casa. Recién aparecieron al día siguiente.
«Hay una manipulación muy extraña de los expedientes», dice el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli. «Por este y otros motivos vamos a pedir una medida de coerción» en la audiencia de formulación de cargos que realizarán el lunes contra el intendente Bertolini, la subsecretaria Ramírez, su hijo Mauricio López y Pedro Vilchez.
Estos últimos son dueños de Valco SRL, una empresa constituida durante la gestión del intendente y le facturan toda clase de servicios a la municipalidad de Plottier. «Hallamos 160 contratos por un monto global de 2.300 millones de pesos en el período 2024/25», dice Vignaroli.
–¿Qué medida de coerción van a pedir?
-Estamos estudiando a ver cuál sería, no quiero adelantarme porque la que se nos ocurre podría generar un conflicto de poderes, que sería que lo excluyan (al intendente de su cargo). Buscamos es una medida de coerción que haga que ellos dejen de tener influencia al menos en los trámites administrativos relacionados con Vilchez y López.
–Eso traerá un conflicto político en Plottier, ustedes lo saben…
-En la fiscalía investigamos hechos que tienen significancia política. En este caso hay resortes institucionales que contempla la carta orgánica de cómo tienen que actuar los concejales llegado el momento.
Entrevistado por diario RÍO NEGRO, Vignaroli indicó que los presuntos delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Denuncia de una ciudadana
Dijo que la investigación comenzó con la denuncia de “una ciudadana de Plottier” por dos presuntos hechos delictivos.
Por un lado, un decreto del intendente Bertolini que eximía por 6 meses del pago de una tasa a un grupo de propietarios del loteo Los Canales.
Por el otro, “nos dijo que habría algún tipo de favoritismo, connivencia en contratar distinto tipo de servicios, obras o provisión de cosas a una empresa, Valco. De acuerdo a información que le dieron, sería de Mauricio López, el hijo de la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez”.
“Lo primero que hacemos es verificar que Valco efectivamente se constituyó unos meses antes de que asuma Bertolini como una SRL, y son socios al 50% cada uno, Mauricio López y Pedro Vilchez”.
No emite facturas
El fiscal jefe continuó: “según la página de la Arca, Valco, como persona jurídica SRL, no tenía CUIT activo, o sea, no está en condiciones de emitir ningún tipo de factura”.
“Pedimos al Arca información respecto de los socios y ahí empezamos a ver facturaciones de Vilchez como persona física a la municipalidad de Plotier”.
La fiscalía también detectó que “el 95% o más de la facturación de Vilchez era únicamente a la Municipalidad de Plottier”.
Esto motivó los allanamientos que Vignaroli calificó como “dificultosos” por la ausencia de expedientes y biblioratos.
El domicilio de la funcionaria
Hay un dato llamativo respecto de la subsecretaria de Hacienda, quien supuestamente se los había llevado a su casa: “todavía no podemos decir que sabemos dónde vive”, relató Vignaroli.
En el legajo personal de Gladys Ramírez, que fue secuestrado, “no hay ninguna información personal de ella, sólo dos fotocopias de los documentos de los hijos”.
“Más allá de que está a derecho porque vino a la fiscalía y tiene abogado designado, si nosotros quisiéramos decir dónde vive se nos hace complicado, porque el domicilio que brinda es un estudio contable que ella tenía en Cipolletti”.
«Había que invitarlo, no importa lo que sea»
A partir de la información reunida, los investigadores detectaron que cada vez que el municipio necesitaba contratar un servicio o hacer una compra, invitaban a Pedro Vilchez a cotizar.
“El jefe de compras de la municipalidad nos dijo, en una entrevista testimonial, que Bertolini y Ramírez le dijeron que tenían que invitarlo a cotizar, no importa lo que sea”.
Otra empleada, con 13 años de antigüedad que participa como secretaria de actas en las aperturas de sobres, declaró a su vez que “Vilchez y Valco empezaron a ser contratados desde la asunción de Bertolini en esta gestión. Antes no eran proveedores”.
De cajas navideñas a barrido de calles
El empresario proveía todo tipo de servicios. Vignaroli enumeró: “había que comprar un aire acondicionado, lo invitaban y ganaba él; había que proveer cajas navideñas, lo invitaban y ganaba él; lo mismo con la provisión de matafuegos; medicación veterinaria y agua mineral”.
También lo contrataban si “había que pintar las esquinas de las calles; había que proveer reductores de velocidad o carteles de señalización”.
Ni la empresa ni Vilchez tenían empleados.
Cifras millonarias
“Encontramos dentro de un universo de 160 contratos con Vilchez y Altus, otra de sus empresas, que el monto global son 2.300 millones de pesos”, todo dentro del período 2024/2025.
De esos 160 contratos, diez están relacionados con algún tipo de obra, por ejemplo pintar esquinas, limpiar calles, refaccionar una oficina y demás.
El resto es prestación de servicio, como por ejemplo barrer la calle, o compra de objetos.
La comparación
Añadió el fiscal jefe que “encontramos únicamente 68 remitos, que estaban puestos entre los de otros proveedores. A diferencia del grupo Valco, los otros siempre hacían referencia a la orden de compra o al expediente en el cual se procesó la compra del bien que están entregando. O sea, ese remito tiene trazabilidad”.
“En cambio los remitos del Grupo Valco son típicos de un talonario, hecho a mano, donde decía por ejemplo, ‘un aire acondicionado, marca tal’, nada más. A veces no tenía ni fecha, no decía municipalidad de Plottier, tal dirección, nada”.
Por qué no figura López
Vignaroli consideró que el vínculo entre Vilchez y López está probado. El primero realizó transferencias al segundo por 57 millones de pesos desde la misma cuenta en la cual recibía los pagos de la municipalidad. Además López “usó durante más de un año una extensión de la tarjeta de crédito de Vilchez”. A su vez, éste le facturaba al empresario por servicios de asesoramiento.
“Nosotros entendemos que la municipalidad no contrataba con López porque era hijo de la subsecretaria de Hacienda, y ponían a Vilchez para que no surgiera esta relación”, señaló Vignaroli.
En cuanto al presunto pago de sobreprecios, sñelaó que “en algunos casos sí, en otros no sabemos. El ejemplo más claro es el de unos aire acondicionados. Piden la compra de tres, creo que la evaluación aportada por el organismo que los solicita eran de 3 millones más o menos cada uno y lo terminan contratando a Vilchez para que los provea por treinta y pico millones de pesos”.
El descargo
El descargo
Ayer a la tarde, Bertolini hizo circular un parte de prensa en el que asegura que el fiscal “busca impresionar” con la cifra de 2.300 millones, pero “no tiene pruebas” del supuesto fraude.
Defiende a Vilchez quien ganó tantas contrataciones “porque presentó la mejor oferta”. Y afirma que toda la documentación está a la vista. “Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría”, en alusión a la causa Planes Sociales, donde hay 19 personas condenadas.
En la municipalidad de Plottier no existe el expediente digital: la burocracia queda registrada en papel. Cuando la fiscalía de Delitos Económicos allanó la secretaría privada del intendente Luis Bertolini en una investigación de un posible fraude por 2.300 millones de pesos, y otras dependencias para buscar documentación, no encontraron los biblioratos en los que archivan ciertos papeles. Les dijeron que la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, se los había llevado a su casa. Recién aparecieron al día siguiente.
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