El Gobierno busca abrir un amplio debate en el Congreso por la soberanía de las Islas Malvinas
La oposición anticipó que participará del tratamiento de las iniciativas impulsadas por Javier Milei, aunque exigirá la presencia de funcionarios del Ejecutivo. El paquete incluye un endurecimiento de sanciones a empresas petroleras y medidas para afianzar la presencia en el Atlántico Sur.
Las cámaras del Congreso aguardan la llegada de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional, referidas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La oposición, pese a calificar la decisión de la Casa Rosada como una medida electoralista, acompañará el debate y solicitará la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo en el Parlamento Nacional.
El dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois opinó sobre la iniciativa: “Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina. Los kelpers son efectivamente población implantada y no le asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”.
El alcance de las medidas presentadas por Milei sobre Malvinas
Milei determinó endurecer el marco legal no solo para las empresas hidrocarburíferas, sino también para que los proveedores de estos proyectos reciban las mismas penas y prohibiciones que las compañías con las que colaboran. De esta manera, los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y se contemplará la aplicación del juicio en ausencia. El régimen se extenderá además a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales.
Esta medida se impulsa ante la explotación petrolera offshore vinculada al proyecto Sea Lion, promovido por las compañías Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica), actividad que podría permitir al Reino Unido avanzar sobre recursos soberanos.
En ese sentido, la senadora Patricia Bullrich precisó: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.
A su vez, la senadora fueguina Cristina López cuestionó el trasfondo del anuncio: “Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur. Ni hablar de los anuncios de decretos y leyes para sancionar a las empresas que explotan nuestros recursos naturales en Malvinas… todo biri biri Milei”.
Partidas presupuestarias y la Comisión Bicameral
A partir de los anuncios, el Congreso deberá tratar el DNU que amplió partidas presupuestarias para el ministerio de Defensa, el cual ingresará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por la senadora oficialista María Belén Monte de Oca.
La medida permitirá avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzará las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
La Comisión Bicameral está conformada por 16 integrantes, ocho por cada cámara. El oficialismo, junto a sus aliados, cuenta con una mayoría de 11 legisladores, mientras que el peronismo suma cinco entre senadores y diputados. Este escenario anticipa un trámite ágil del DNU por la comisión para su posterior debate en los recintos.
Antecedentes legislativos en la causa Malvinas
Tras la aprobación en 2011 de la ley 26659, que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, el Congreso registró diversos proyectos sobre la materia.
La primera iniciativa fue presentada el 26 de octubre de 2012 por la exdiputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino, ante los anuncios de Rockhopper Exploration sobre acuerdos con Premier Oil para extraer petróleo en la Cuenca Norte. En 2017, el exdiputado mendocino Guillermo Carmona elevó consultas al Poder Ejecutivo sobre la falta de sanciones a Premier Oil en el área Sea Lion, sustentado en la resolución 31/49 de las Naciones Unidas que prohíbe acciones unilaterales en zonas bajo disputa de soberanía.
A lo largo de los años se sumaron presentaciones de las diputadas Eugenia Alianiello y Sabrina Selva en 2024; Marcela Pagano en 2025; Jorge Araujo Hernández durante este año; y una reciente iniciativa encabezada por Adriana Serquis y Juan Grabois.
En la Cámara alta, el exsenador Juan Mario País presentó en 2017 un pedido de informes advirtiendo sobre las políticas hidrocarburíferas del Reino Unido. En 2018, la senadora Magdalena Odarda solicitó denunciar ante organismos internacionales el plan británico de explotación en Sea Lion, iniciativa que ingresó a la comisión de Relaciones Exteriores y fue archivada en 2022.
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