El parque municipal Llao Llao de Bariloche quedó trabado por una insólita polémica

La gestión y manejo de la principal área protegida municipal de Bariloche, el parque Llao Llao, desató un impensado litigio entre el gobierno, un grupo de organizaciones sociales y una junta vecinal, que pulsean por la administración del ente autárquico encargado de esas tareas.

El parque municipal Llao Llao abarca unas 1.200 hectáreas, cubiertas en su mayor parte de bosque nativo y tiene costas sobre los lagos Moreno y Nahuel Huapi, incluido el arroyo que los conecta. Está atravesado por el Circuito Chico y lo visitan alrededor de 400 personas por año.

El presidente del ente es por ordenanza el representante del Ejecutivo municipal, en este caso el subsecretario de Planeamiento Urbano, Alfredo Allen. Pero otros integrantes del directorio lo acusan de no concurrir a las reuniones quincenales, de tomar decisiones por su cuenta, y denunciaron los hechos ante el Tribunal de Contralor municipal.

Los miembros díscolos del ente se reúnen por su cuenta, llevan el libro de actas y el correo oficial, y pulsean por el acceso a la cuenta bancaria donde se depositan los recursos del organismo.

El enfrentamiento lleva ya varios meses y, a juzgar por los dichos de las dos partes, va a terminar de modo inexorable en la Justicia.

El ente autárquico tiene un directorio con siete miembros: dos por el Ejecutivo Municipal (Allen y el jefe de guardaparques, Víctor Boock), dos concejales (Leandro Costa Brutten y Samanta Echenique), dos representantes de organizaciones ambientalistas que estén registradas en el Concejo y uno por la junta vecinal Llao Llao, que ejerce la vicepresidencia.

Cada una de las partes se siente legitimada para administrar el parque municipal por su cuenta y el punto inconciliable está en la representación de las ongs.

Una renovación de organizaciones abrió el conflicto

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Allen explicó que esos roles durante años los ejercieron la asociación Árbol de Pie y el Colegio de Profesionales en Turismo, que debían ser renovados, y que él convocó a reunión a todas las entidades, de donde surgieron otras dos: Jóvenes por Bariloche y Patagonia Green. “Los mandatos son de dos años y estaban vencidos”, argumentó.

Por eso, señaló que sus reuniones “tienen quórum”, ya que asisten cuatro miembros sobre un total de siete.

Desde la vereda de enfrente la guía de turismo Liliana Schiavo también se presenta como integrante del directorio en nombre del Colegio de Profesionales y dijo que “el ente verdadero” es el que encabeza como vicepresidente el referente de la junta vecinal Sebastián Massa, quien ocupa la presidencia ante la ausencia de Allen.

Schiavo dijo que hacen notas “todo el tiempo” para exigir al Ejecutivo municipal que se ajuste a la ordenanza y dijo que las ongs que incorporó Allen “las designó él, sin el aval de las demás”.

Massa, por su parte dijo que la judicialización del conflicto es “inevitable” y que plantearán la denuncia correspondiente “luego de agotar las instancias administrativas”.

Señaló que está en juego un patrimonio ambiental muy valioso y que ya encargaron desde el “ente” a su cargo un informe al biólogo Daniel Gómez sobre la situación del área protegida y el riesgo de incendios para el próximo verano.

Massa admitió que el punto de quiebre en la confrontación con Allen fue el permiso que otorgó el funcionario al dragado del arroyo Angostura, por pedido de un club náutico, lo cual “está vedado por un fallo judicial desde hace varios años”.

Las obras del parque Llao Llao y los riesgos

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Allen afirmó que desde su acceso al cargo se propuso emprolijar el funcionamiento del ente Llao Llao, aseguró haber realizado obras como la apertura de senderos, que estaban descuidados, y recuperó de la casa del guardaparque y otras mejoras.

Señaló que no hace más que aplicar el “plan de manejo” del parque, que está aprobado por ordenanza, y que las ongs “desconocen”. Los acusó de no ir al parque y de ser “ambientalistas de escritorio”.

Allen dijo que “no hay dos entes” y que el legítimo es el que él encabeza. Señaló también que su postura es plantear una denuncia a la Justicia, pero que no depende de su decisión sino que “debe resolverlo el directorio”.

Dijo que la conducción paralela, a la que desconoce, emite comunicados con el logo del Ente, “como si fueran decisiones oficiales”. Y los acusó de ser corresponsables por el atraso de ocho años en la presentación de los balances del ente.

El acceso a las cuentas

El ente tiene autarquía financiera y maneja dineros públicos, que provienen del presupuesto general y también del cobro de entradas al parque, que es mínimo, porque están eximidos los residentes, los menores de 12 años y los jubilados. El monto actual es de 1.865 pesos y pagan unos pocos turistas, porque solo se puede hacer vía “QR” en el acceso al área protegida, donde “hay muy mala conectividad”.

Massa dijo que existen dos cuentas bancarias, “una en el Galicia y otra en el Credicoop”, donde habría más de 400 mil pesos inmovilizados desde hace dos años. Por presupuesto asignado, este año el Ente figura con recursos por 6.513.000 pesos. Massa señaló que pidieron tener el control de esas cuentas y nunca les han respondido.

Allen reconoció que el fondo que manejan es “mínimo”, pero los trabajos que se hacen no requieren presupuesto extra, porque lo realizan con personal y herramientas municipales. Señaló que entre sus proyectos está el de mejorar el cobro de entradas, que podría rendir el equivalente de 500 mil dólares por año. Lo usaría, dijo, para construir baños públicos y mejorar la señal de internet en el parque.

“Yo lo que hago simplemente es aplicar la ordenanza, y el plan de manejo del parque, que esta gente no lo ha leído siquiera”, afirmó el funcionario.

La concejal Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) es una de las miembros titulares del ente Llao Llao y dijo que ha ido a reuniones de los dos grupos, pero su intención es apartarse. “Es cmplejo de resolver, hay distintas miradas, por ejemplo en el tema del arroyo. Y no se pudieron acercar posiciones, no hubo manera”, señaló. Admitió que las partes tienen “la voluntad de judicializar” el diferendo porque hay representatividades cuestionadas, “sin acuerdo posible”.