El referéndum de Bariloche sumó un recurso administrativo para frenarlo

La concejal de Incluyendo Bariloche Julieta Wallace presentó un recurso de revocatoria al referéndum convocado por el intendente Walter Cortés para el 9 de noviembre por considerar nulas las resoluciones de convocatoria.

El referéndum, que contendrá diez preguntas de distinta índole, ya tiene curso en la Junta Electoral Municipal que definió el cronograma y todos los pasos previos al día de la consulta. Sin embargo, existe una impugnación presentada por el gremio Soyem y ahora una revocatoria que exige la suspensión inmediata por parte de la concejal de la oposición, que al igual que otros ediles, ya había expuesto sus reparos en el ámbito del Deliberante.

Un recurso administrativo antes de llegar a la Justicia

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El petitorio de Wallace fue presentado ayer en la mesa de entradas de la municipalidad y está dirigido directamente al intendente Cortés. Es un recurso administrativo que busca agotar esta vía previo a llegar a la Justicia en caso de que el jefe comunal no revea la decisión.

La concejal objetó las resoluciones Nº 1453-I-2025 y 1459-I-25, que fijaron la convocatoria y el cuestionario, en el primer caso y la sumatoria de sanciones con el pago equivalente a una bolsa de cemento para quienes no acudan a votar, según puntualizó la segunda disposición firmada por Cortés. Las consideró “contrarias a derecho y gravemente lesiva al interés público”.

Según la concejal, las resoluciones dictadas por el intendente amparándose en el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que “el gobierno municipal” puede llamar a referéndum, son actos administrativos que “resultan manifiestamente nulos y lesivos de derechos de orden constitucional nacional, provincial y la Carta Orgánica Municipal por lo que se solicita se decrete la nulidad absoluta e insanable”.

Señaló que el intendente con esas resoluciones intenta “invadir competencias que son de exclusivo resorte del departamento de gobierno” que ella misma integra como miembro del Concejo Deliberante y por ese motivo la medida “lesiona de manera personal” sus derechos.

Además “ocasiona una seria afectación al interés público y un claro perjuicio a la sociedad barilochense, al atribuirse una competencia ajena a sus facultades, violentando el principio de legalidad, división de poderes y debido proceso y decidiendo que la ciudadanía tiene que ir a un acto electoral, cuando posee representantes en legítimo ejercicio para analizar y decidir sobre estos temas”.

Para Wallace “lejos de ser el llamado a referéndum una instancia de participación democrática es un ardid de tamaña envergadura que pone en juego nada más y nada menos que la normal y habitual vida democrática de las instituciones” municipales.

También en su presentación, la concejal esgrimió los fundamentos para concluir que los casos que se someten a referéndum popular son atribución del Concejo Municipal, según la Carta Orgánica detalla en las funciones del cuerpo y por esto ataca la decisión del intendente por afectar la voluntad representativa del Concejo.

“Es clara la intención con evidente mala fe del llamado a referéndum por parte del intendente municipal, a través de un acto discrecional, unilateral e infundado respecto de proyectos que son pura y exclusivamente resortes del Concejo Municipal”, enfatizó Wallace en el escrito y puntualizó que hay temas que se pretenden someter a referéndum y que están en tratamiento en las comisiones del Deliberante, como la regulación de las aplicaciones de transporte; el plan de infraestructura vial; la contribución turística; la quita del financiamiento de licencias gremiales; la donación de un inmueble a los veteranos de Malvinas; y la emergencia habitacional.

Wallace apuntó además al costo del mecanismo del referéndum, la multiplicidad de temáticas a consultar y la eventual manipulación del electorado.