En Río Negro el funcionamiento del sistema de Salud encabeza los reclamos ante la Defensoría del Pueblo

Casi el 20% de los reclamos presentados ante la Defensoría del Pueblo en el período 2023-2024 corresponden al funcionamiento del área de Salud Pública según informó Adriana Santagati, titular del organismo, durante su informe anual ante la Legislatura de Río Negro.

La funcionaria detalló que en ese lapso de tiempo se procesaron 5.216 gestiones, «con un 95% de eficacia» y se logró «el incremento sostenido del uso de canales digitales, especialmente WhatsApp».

Salud Pública volvió a encabezar los reclamos, concentrando un 19% del total, y las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, falta de prótesis e insumos quirúrgicos, una situación que el organismo atribuye a restricciones presupuestarias y a la falta de previsibilidad en la cadena de suministros.

Sobre el Ipross la Defensora expresó su «preocupación por la caída del nivel real de cobertura de medicamentos», detalló en el informe que «se ubica hoy entre el 9% y el 11%, lejos del 50% que establece la Ley 2.753» y sumó «demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis».

En el apartado de Salud Mental mostró una «tendencia preocupante» porque de 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias, y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos por episodios vinculados a riesgos autolesivos.

En cuanto a los servicios públicos los reclamos se centraron en «aumentos abruptos» y la facturación. En especial «tras los incrementos derivados de las políticas nacionales de desregulación». Santagati cuestionó «la falta de gradualidad y la ausencia de criterios de equidad territorial».

Con los datos recogidos marcó que «el gas registró aumentos que en algunos casos alcanzaron el 486%, perjudicando a hogares y comercios», en electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias; y en el servicio de agua, casi la mitad de las quejas estuvieron vinculadas a errores de facturación.

El organismo volvió a pedir «una revisión del esquema tarifario y la implementación de un sendero gradual que contemple la realidad socioeconómica y climática de la Patagonia».

Otra preocupación es la reiteración de estafas y problemas financieros, y la mayoría de las inquietudes correspondió a servicios bancarios y financieros, donde se destacaron las denuncias por débitos indebidos, créditos no solicitados y fallas en la atención; mientras que las estafas digitales representaron un 16,3% de los reclamos y «se mantienen en crecimiento».

En materia educativa se repitieron los reclamos por problemas en la infraestructura de distintas escuelas y por la apertura de cursos, en tanto que el organismo destacó avances en modernización administrativa, como la implementación del sistema GDE, tableros de control, georreferenciación de reclamos y capacitaciones internas en nuevas tecnologías y servicios públicos.

Santagati remarcó que «las demandas ciudadanas deben traducirse en políticas públicas más eficientes» porque «el desafío es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad».