Estafa con planes sociales: el caso Temux se cuela en la discusión por las penas en suspenso

¿Hay antecedentes de un caso de corrupción en Neuquén, de la envergadura de planes sociales, que haya terminado con penas en suspenso? En 2005 el entonces fiscal de Cámara, Pablo Vignaroli, comenzó la investigación por la estafa contra el Banco Provincia de Neuquén, que pasó a la historia como la causa Temux. Tardó una década en llegar a juicio. En 2015 se le impuso prisión condicional a seis condenados. El máximo fueron tres años para Félix Racco y Juan Pablo Bugner, presidente y director de la entidad respectivamente. El Tribunal Superior de Justicia terminó sobreseyéndolos por vencimiento de los plazos procesales.

El fallo lo sacó del baúl de los recuerdos el abogado Gonzalo Rodríguez, defensor de Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social que participó de la maniobra, entre septiembre de 2020 hasta julio de 2022.

Lo usó en su alegato para referirse a la «desmesura» de Vignaroli que pidió, en este juicio, penas de prisión para los 12 condenados por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. En el caso de Di Luca seis años, sin admitir ningún atenuante, al igual que a Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler.

Dijo que el daño patrimonial -que en planes sociales se cuantificó en 153 millones de pesos- no debería ser considerado como un agravante y lo puso «en perspectiva» con Temux.

Mencionó que aquella estafa contra el banco generó un perjuicio de 22 millones de pesos/dólares. En comparación con planes sociales «no llega ni al 0,5%». Ni siquiera actualizando los valores (que ronda los mil millones de pesos) alcanza el 1%. Incluso está por debajo, señaló, que la causa Vialidad, cuyo daño se valuó en 685 millones de pesos.

Lo contrastó con los presupuestos del Poder Ejecutivo de la provincia de los años 2020, 2021 y 2022. Manifestó que rondó los 530 millones de pesos, que de vuelta, comparado con la estafa que se desplegó en el gobierno de Omar Gutiérrez significó un perjuicio del 0,02%.

El tribunal -integrado por Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita- dará a conocer esta semana su veredicto. No sólo la pena a cada una de las personas condenadas, sino que tendrá que determinar si ordena el decomiso de bienes. Esta «reparación» no comprende ni a Di Luca, ni a Soiza ni a Siegenthaler. Se solicitó sólo para uno de los siete coautores- Néstor Sánz- y para dos partícipes primarias: Valeria Honorio e Isabel Montoya.

La fiscalía considera que fueron vehículos e inmuebles incorporados a su patrimonio durante el período que se cometieron los hechos, y no tenían capacidad económica para hacerlo. Los jueces evaluaron en la sentencia que estas inconsistencias no fueron probadas.