Estafa con planes sociales en Neuquén: cuál fue la estrategia de las defensas de los imputados

Cuestionar la credibilidad de los testigos de la fiscalía. Tratar de demostrar que sus clientes no se enriquecieron. Y en especial, atacar la hipótesis de que formaban parte de una banda organizada para cometer delitos. Estos fueron algunos de los ejes sobre los que se movieron los abogados defensores a lo largo del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, que ya ingresó en su tramo final.

Pocos de los 14 imputados comparten abogado. A lo largo del juicio que comenzó el 21 de julio mantuvieron un pacto de no agresión, es decir, trataron de seguir una línea de defensa que no perjudicara a otros acusados.

Arrastraron las marcas

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A veces los roces fueron inevitables. El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el exdirector de Planificación, Néstor Pablo Sánz, se recortaron con nitidez del resto. En términos futbolísticos, «arrastraron las marcas» e hicieron que la responsabilidad de otros parezca más atenuada. Los testigos los describieron como funcionarios con poder de decisión, e incurrieron en gastos difíciles de justificar.

Ambos hablarán el lunes, se supone que en un último intento (¿tardío?) de revertir esa imagen.

Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, apostó un pleno desde el primer día a despegarse: admitió su responsabilidad en las extracciones ráfaga y el cobro de cheques indebidos, pero negó toda participación en la asociación ilícita.

Se exhibió, durante el juicio, como una pieza menor: el que arreglaba las computadoras, los enchufes, las luces. Lo completó con el cuadro socioambiental: no tiene casa propia ni auto. Reconoció su gusto por las apuestas on line.

«Rivadavia» vs. «Anaya»

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Soiza, Sánz y Osuna estuvieron con prisión preventiva, y hoy cumplen detención domiciliaria. Están sindicados, desde el comienzo de la investigación, como presuntos líderes de la asociación ilícita. Integran el «Grupo Rivadavia», por la dirección de la sede de Planes Sociales.

Los otros dos supuestos cabecillas son el exministro Abel Di Luca y el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler. Forman parte del «Grupo Anaya», por la dirección del ministerio de Desarrollo Social.

El objetivo de sus defensores es demostrar que la estafa fue cosa del «Grupo Rivadavia», y que en Anaya no estaban enterados.

A diferencia de otros imputados, Di Luca y Siegenthaler no hablaron en el juicio y es poco probable que lo hagan en las últimas audiencias. Para demostrar su inocencia confían, más que en las palabras, en documentos (que avalaron o no), correos electrónicos (que abrieron o no), planillas de Excel (que modificaron o no), y en expedientes que otros les dejaron para la firma supuestamente después de revisarlos.

Los hechos y la calificación legal

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Las 14 personas que atraviesan el juicio oral están acusados de varios delitos: asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. Las defensas se mueven en dos planos, el de los hechos y el de la calificación jurídica.

En el primero de los casos, argumentarán que los imputados no cometieron los delitos, salvo aquellos que ya reconocieron expresamente algunos como el citado Osuna.

En segundo término, dirán en sus alegatos -que comenzarán el lunes 8 de septiembre- que la fiscalía no demostró la calificación jurídica propuesta. En ese sentido, afirmarán que no se configura la asociación ilícita, que no hay concurso real y que no son 9.303 (contando cada extracción por cajero y cada cheque cobrado como un hecho) sino uno solo.