Estafa con planes sociales en Neuquén: fiscalía y querella pedirán hoy penas de prisión efectiva

El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla escuchará hoy los pedidos de pena contra las 12 personas que fueron condenadas en septiembre pasado por administración fraudulenta agravada contra el Estado provincial. La estafa se concretó a través de los planes sociales que autorizaba y pagaba el ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, serán los primeros en alegar. Solicitarán penas de prisión efectiva, que es lo que anticiparon desde el primer día. Tendrán que justificar los atenuantes y los agravantes en cada uno de los casos.

Las 12 personas fueron declaradas responsables de participar de una «maniobra delictiva sistemática y organizada», ejecutada «por funcionarios, empleados y referentes políticos del MPN» que provocaron «un gravísimo perjuicio económico» a la provincia, entre septiembre de 2020 y julio de 2022.

De acuerdo a los testigos que desfilaron en los siete días de juicio seguramente Vignaroli y Kohon se inclinen por remarcar que la estafa la cometió personal de planta permanente, con extensa trayectoria, que además habían sido designados como funcionarios públicos. En ese rol se aprovecharon de personas que recibían un subsidio por desempleo para quedarse con esa ayuda.

También requerirán el decomiso de bienes o algún tipo de reparación económica. Si bien en la acusación afirmaron que el dinero fue destinado a los “integrantes de la banda” (por qué sostienen que hubo una asociación ilícita), el tribunal dijo que eso no se probó. Tampoco quiénes fueron los que se beneficiaron dentro del partido.

La escala va de los dos a los seis años de prisión.

Una vez que terminen los acusadores será el turno de las siete defensas. Por la calificación tienen posibilidades de pedir penas mínimas, de ejecución condicional.

Lo justificarán en la falta de antecedentes penales y en las consecuencias que conllevaría para sus vidas el encierro. Además insistirán en los perjuicios económicos que les significó este proceso penal. Desde 2023 no perciben su salario como trabajadores estatales debido al sumario administrativo que se les inició.

Responsabilidades

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De las 12 personas condenadas por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometido contra la administración pública, siete fueron declarados responsables en carácter de coautores. Son: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

A los cinco restantes se les reprocha el mismo delito, pero como partícipes primarios: Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. En cuanto a este último ya intentó pedir una probation, pero el tribunal se lo negó por qué accedió a una en 2019.

Una vez que concluya la audiencia el tribunal tiene cinco días para emitir su veredicto. Recién entonces las partes podrán apelar. En la provincia tienen dos instancias: el Tribunal de Impugnación y el Tribunal Superior de Justicia.

En paralelo a este proceso la provincia debe definir si les impone una sanción en el sumario que les abrió. La más grave es la exoneración que es la expulsión como personal del Estado. A la vez hay un trámite en el fuero procesal administrativo y en la justicia civil.