Javier Milei avanza con más privatizaciones: inició la venta de acciones de la principal empresa de agua potable del país

El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatizar empresas estatales. Ahora con la publicación del Boletín Oficial se informó que inició formalmente el proceso de venta de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la principal empresa de agua potable y saneamiento del país.

La decisión del Gobierno se reveló con la Resolución 1198/2025, firmada por Luis Caputo. El plan de privatización afecta principalmente al Estado que posee el 90% del capital social de AySA y a los usuarios del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el documento explican que se instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» para coordinar todas las acciones necesarias para llevar a cabo proceso de privatización.

Detallaron que el procedimiento contempla la venta del 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, y la venta del remanente en bolsas y mercados del país.

La privatización se realizará a través de la venta de la totalidad de las acciones de «titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa», señalaron. También se aclara que no se otorgarán nuevas preferencias ni se implementará un nuevo programa de propiedad participada.

Privatización de AySA: el proceso de venta de acciones

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En el texto, el Gobierno informó que el proceso de venta se hará bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y la mencionada Unidad Ejecutora. Las mismas deberán garantizar la continuidad del servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.

A su vez, el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó su imposibilidad de realizar la valuación en un plazo razonable. En este sentido la resolución ordena contratar a una entidad bancaria del sector público nacional para esta tarea.

El Gobierno fijó un plazo de ocho meses desde su entrada en vigencia para concretar la venta del paquete accionario principal, además le solicitaron a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual.