Javier Milei inicia el proceso para privatizar Aysa y transferir el 90% de sus acciones

El Gobierno de Javier Milei sigue profundizando las transformaciones en el Estado. Tras el cierre de Vialidad Nacional, ahora en suspenso por una medida cautelar, avanza con el proceso para privatizar la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La noticia fue confirmada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. Según informó el funcionario, la estrategia implica la incorporación de capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la compañía.

El proceso se realizará a través de un «esquema mixto». Adorni detalló que este modelo «combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores».

Además, el vocero aseguró que el camino hacia la privatización «incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa».

Según los dichos de Adorni estos serán los próximos pasos:

• El Gobierno de Milei inicia el proceso de privatización de Aysa.
• Se transferirá el 90% de las acciones al capital privado.
• El esquema será mixto: licitación pública y oferta pública inicial.
• Los empleados mantendrán el 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
• Adorni justificó la medida por los US$ 13.400 millones en aportes estatales desde 2006 y el deterioro de indicadores operativos.

Justificaciones del Gobierno para la privatización

Durante su alocución, Adorni brindó cifras y argumentos para fundamentar la decisión de privatizar la empresa. «Desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares», remarcó el vocero presidencial.

El funcionario también hizo hincapié en el deterioro de indicadores operativos durante la gestión estatal. «Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa», señaló.

Además, puntualizó sobre los costos: «La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio». Estas cifras son las que, según el Gobierno, justifican la búsqueda de un nuevo modelo de gestión para la compañía de servicios de agua y saneamiento.