La cárcel de Bariloche está “desbordada” y buscan soluciones a través del procurador Crespo

Las entidades sociales que siguen de cerca la situación carcelaria en esta ciudad denunciaron que los presos alojados en el Penal III reciben un trato “inhumano y degradante”, culparon al Ejecutivo provincial de aplicar solo “parches provisorios” y pidieron una reunión “urgente” con el procurador general Jorge Crespo con el fin reclamarle intervenciones más enérgicas.

Cristina Martín, referente de la Pastoral Carcelaria, dijo que hay denuncias constantes, que la defensoría penal ha tramitado hábeas corpus y que realizaron ya varios reclamos a las autoridades del sistema penitenciario, pero no consiguen resolver las demandas.

“El Poder Ejecutivo tiene el deber de escuchar, pero hace oídos sordos -afirmó-. Por eso queremos reforzar estas denuncias, que den respuestas. Es un problema que lleva años, que se agrava todo el tiempo. Hay que hacer algo”.

El bloque oficialista en la Legislatura volvió a hablar semanas atrás del proyecto para construir una nueva cárcel en Bariloche en reemplazo de la actual, que funciona en un edificio adaptado, en pleno centro del casco urbano. Pero las soluciones serían para el mediano o largo plazo.

El pedido a Crespo lleva la firma de la Pastoral Carcelaria y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fue cursado ayer y ya existirían contactos para que el jefe de los fiscales y también de los defensores públicos viaje a Bariloche la próxima semana y se concrete la reunión.

Según Marín, por más que las decisiones de obras o inversiones dependen del Ejecutivo, “hay muchas cosas que la justicia puede hacer. Se supone que es un poder independiente y debe velar por el bienestar de los presos”.

La nota dirigida a Crespo subraya que actualmente la población de la cárcel de Bariloche “excede las 150 personas varones”, a los que se agregan dos mujeres y tres internos en el hospital. El cupo máximo autorizado para el penal no supera las 92 personas.

El hacinamiento impide garantizar recreos, lugares de esparcimiento, educación, visitas íntimas, calefacción e higiene acorde, según detallaron la Pastoral Carcelaria y la APDH, con la adhesión de la junta vecinal del barrio Sara María Furman, donde se asienta el penal III.

La vocera consultada dijo que la junta vecinal comparte la preocupación, y que reclama desde hace años el traslado de la cárcel, por razones de seguridad, y por la desvalorización de sus propiedades, tal como se lo plantearon en su momento al intendente Walter Cortés.

Condiciones cada vez peores

Martín dijo que “no es justo lo que ocurre en la cárcel, tanto para el preso como para el celador”. Insistió en que “la situación está desbordada, es cada vez más caótica. Porque claramente el edificio no da para ese uso”.

Dijo que todo lo que implementó la provincia en los últimos años, con ampliaciones y obras de cierta envergadura “son solo parches” y las condiciones de vida de los internos son iguales o peores. Señaló que debido a la falta de espacio algunos son alojados en comisarías y la pasan todavía peor.

Pero las organizaciones y los propios presos no quieren que la reacción oficial ante las demandas sea el traslado, porque a los derechos vulnerados que ya sufren “se agrega el desarraigo, y la imposibilidad de las visitas de familiares”.

En la comunicación al procurador las entidades que realizan el seguimiento señalaron que debería responder por ese cuadro “el funcionario público responsable del incumplimiento de claras normas internacionales de derechos humanos y de la Constitución Nacional”.

Agregaron que la falta de recursos ya no puede ser excusa. “Siempre se nos plantea un problema presupuestario, es un argumento que se utiliza hace años y que ya debió superarse, demostrando una vocación y decisión política en defensa de los derechos humanos”, argumentaron.

Martín dijo que esperan de la Justicia decisiones más firmes y no descartó que una opción sea replicar lo ocurrido en Neuquén, donde hay magistrados que le prohibieron al poder político ingresar más presos en las cárceles, por encima del número límite habilitado. Según la referente, frente a la situación de los presos en la cárcel “la Justicia debe hacer algo sin demora, porque es la que los metió ahí y tiene el poder para asegurar condiciones dignas”.