La reforma constitucional de 2006: lo que Neuquén aprobó y nunca cumplió

El 21 de febrero de 2006, a las 22.10, el gobernador Jorge Sobisch, en su rol de presidente, clausuró la Convención Constituyente. Empezaba entonces la etapa más importante: aplicarla. «La Constitución es como la Biblia: la abrís en el punto que quieras y empezás a hablar y la entendés igual», aseguró Eduardo Benítez, convencional del Frente Cívico.

Los sucesivos gobiernos implementaron algunos aspectos y en otros, fieles a la metáfora religiosa, se declararon ateos.

«Inexplicable que Neuquén no tenga Defensor del Pueblo. Está en la Constitución, Neuquén capital tiene su defensor que a veces funciona bien, ha logrado representar intereses de incidencia colectiva de manera interesante, pero en la provincia no existe», insistió Paula Sánchez, convencional de Patria Libre.

Durante 20 años, la Legislatura no se puso de acuerdo para sancionar una ley que reglamente esta figura. La misma suerte corrieron algunos mecanismos de democracia semidirecta. La consulta popular vinculante y no vinculante se reguló recién en 2024.

Sánchez lo atribuyó a la «falta de decisión política de los gobiernos que vinieron» aún los que traían «una cara más progresista».

Carla Castiglioni, convencional del MPN, dijo que tal vez «no es prioritario en las políticas, pero creo que se debe mantener vigente esa necesidad de implementarlo, justamente cuando se trata de situaciones de participación ciudadana».

«Eso es inconveniente para la clase política más tradicional», afirmó Mariano Mansilla, convencional del UNE. Sostuvo que «hay distintos grados de responsabilidad, pero principalmente de quienes conducen políticamente el Estado, quienes mantienen las mayorías legislativas y en los concejos deliberantes que no ponen en práctica los mecanismos que esta Constitución establece».

La evaluación a jueces: «fue un tema que se tergiversó»

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La Constitución del 2005 cambió la forma en la que se eligen los jueces de la provincia. Los candidatos y candidatas deben pasar por el Consejo de la Magistratura que evalúa sus antecedentes, les toma examen y después de una entrevista, designa. Ese pliego va a la Legislatura, que tiene la última palabra. Una vez que juran permanecen en el cargo hasta que se jubilan, salvo que el Jurado de Enjuiciamiento los expulse por mal desempeño.

Este proceso aplica también para fiscales e integrantes de la defensa pública. Los únicos que no concursan son los vocales del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal y la defensora general que los propone el gobernador, con acuerdo legislativo.

La Convención debatió la composición del Consejo hasta que determinó quiénes se iban a sentar en la mesa que nombra jueces. Optó por cuatro representantes de la Legislatura, que no fueran diputados, y dos abogados de la matrícula. El presidente sería un miembro del TSJ.

Con el correr de los años este requisito se distorsionó: hubo legisladores que renunciaron a su banca para asumir como consejeros. Así burlaron el freno constitucional.

«Quedó como un órgano bien vinculado al oficialismo y a las primeras minorías, que no es lo que nosotros queríamos», indicó Sánchez. «Es de las peorcitas cosas que salieron», manifestó.

Después de ser convencional, Castiglioni asumió como consejera de la magistratura en representación del MPN, en la primera integración que tuvo el organismo, en 2007. Contó que la idea de que no fueran diputados los que escogieran a los jueces tenía como fin tratar de «despegarlos políticamente». Consideró que la etapa técnica de los concursos compensa la ausencia de un académico o académica en la mesa.

En 2025 ella se postuló para el puesto de camarista civil, pero en la entrevista le bajaron el pulgar.

Mansilla aseguró que es «un consejo intermedio, con respecto a nuestra idea original que era mucho más popular». «Un 50% de la Constitución en ese tema se está cumpliendo, que es en en la elección y concurso de los jueces», mencionó.

La otra mitad inconclusa de la que habla Mansilla fue la función de evaluar periódicamente la idoneidad y el desempeño de los jueces y funcionarios del Poder Judicial, que la Convención le había asignado al Consejo. El inciso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras una acción que impulsó la Asociación de Magistrados.

«Fue un tema que se tergiversó bastante por que se dio toda una discusión como si quisiera establecerse algún tipo de control político sobre la tarea judicial, y en realidad la evaluación de idoneidad y desempeño es algo que muchos sectores lo demandan, obviamente el contenido de la sentencia nunca iba a ser materia de evaluación, de revisión, por que vos tenes ahí los mecanismos recursivos, procesales vigentes», argumentó Castiglioni.

Enfatizó en que el fundamento que se impuso para la inconstitucionalidad fue que «la Convención se había excedido en sus facultades incorporando este tema que no estaba expresamente habilitado».

¿Una nueva Constitución?

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La generación política que protagonizó la reforma prácticamente se extinguió de la vida pública. Salvo algunos pocos convencionales que ocupan cargos -como Leandro Bertoya (intendente del Chañar), Encarnación Lozano (consejera de la magistratura por el MPN) y Beatriz Gentile (rectora de la UNCo)- el resto pasó a retiro.

¿Es necesario que esta generación tome la posta y produzca un nuevo texto? Para Mansilla se puede «aggiornar a los tiempos actuales de participación de la sociedad». «Una Constitución más amplia que no requiera tantas leyes que la reglamente y un poder legislativo más dedicado a hacerla cumplir que a discutirla«, agregó.

Respecto del contenido, hizo especial foco en el Poder Judicial. Dijo que hay que buscar «la forma de controlarlo».

«Los fiscales, los jueces tienen que ser electos por la comunidad. Estamos de acuerdo en que haya mandatos con plazos. La selección de un cuerpo de notables es una reminiscencia de las cortes antiguas. ¿Por qué la población no puede opinar quién puede ser un mejor fiscal, un mejor juez? El Poder Judicial se tendría que democratizar absolutamente», planteó Mansilla.

Sánchez subrayó que el texto es «absolutamente progresista» y en «este momento cobra sentido». «En este contexto político tenemos una Constitución que nos permite defender cosas que están en peligro: la salud y la educación pública, por ejemplo, los derechos laborales son todo lo que no quiere Milei», señaló.

Benítez no le cambiaría ni una coma. «Primero, que la cumplan. Si hay un montón de artículos que están vírgenes. Primero abrámosla, mirémosla, fijémosnos que quiere decir cada artículo. Ningún Estado puede funcionar si estamos pensando en modificar la Constitución. Las constituciones se hacen para siempre y se van modernizando algunas cositas«, opinó.

Castiglioni remarcó que «no se ha desactualizado». «Creo que fue un buen faro y con mirada hacia futuro. No la veo envejecida aún», sostuvo.

El listado de 35 convencionales

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• Movimiento Popular Neuquino: Leandro Bertoya, Carla Castiglioni, Adrián Cerda, Máximo Cisneros, Jorge Crivani, Silvia De Otaño, Ángel Clemente Herrera, Encarnación Lozano, José Luis Mazzone, Carlos Menestrina, Jorge Francisco Mosqueira, Verónica Novoa, Alberto César Perez, Brunilda Rebolledo, Diego Rueda, Pedro Salvatori y Jorge Sobisch.

• Frente Cívico para la Victoria: Eduardo Benitez, Jorge Carro, Beatriz Gentile, Susana Llambi, Oscar Antonio Nahuel, Liliana Ortiz, Raúl Podestá.

• Unión de los Neuquinos-ARI: Rodolfo Canini, Julio Fuentes, Verónica Gendelman, Patricio Macaya, Mariano Mansilla.

• Patria Libre: Jesús Escobar, Paula Sánchez, Marcelo Otharan.

• Unión Cívica Radical: Néstor Burgos y Hugo Prieto.

• Encuentro Amplio: Osvaldo Pellín.