Una jueza de Neuquén concursó para «rendir cuentas» de su trabajo y no para acceder a un cargo
Planteó que como el puesto que ocupa es "vitalicio" y con "enormes privilegios" es una forma de evaluar si es idónea. El Consejo de la Magistratura tenía constitucionalmente esta función pero el TSJ la anuló.
El Poder Judicial provincial tiene 2.303 trabajadores, incluidos todos los escalafones y categorías. Foto Florencia Salto.
«Siempre dije que un cargo vitalicio debe ser evaluado, tiene que ser renovado periódicamente y esa es la razón de mi participación en este concurso», respondió la jueza de Garantías de Zapala, Leticia Lorenzo, cuando la entrevistaron consejeros y consejeras de la magistratura esta semana. Les anticipó que no aspiraba a ganar la competencia sino a «rendir cuentas» para «revalidar los conocimientos y habilitar la posibilidad de que se me evalúe».
La magistrada se anotó para competir por un cargo dentro del colegio de jueces penales del interior, cuyo asiento de funciones es en San Martín de los Andes. Esto significa que no concursó para ascender porque el puesto es de la misma jerarquía, solo cambia la localidad.
Dijo que además sabía que iba a haber muchos inscriptos, por lo tanto su renuncia no iba afectar la cobertura de esa vacante. Hasta ahora es la primera del orden de mérito: en antecedentes recibió una calificación de 12,04 puntos y en la evaluación técnica obtuvo 36 de los 40 posibles. Manifestó que cuando rindieron los exámenes les comentó a sus compañeros que su aspiración no era el puesto. Su intención era otra: «ver si realmente estaba en condiciones de defender mi cargo».
«Tenemos enormes privilegios: el privilegio del salario, el privilegio de la permanencia eterna, el privilegio de ejercer el cargo con total independencia», resaltó. «Yo personalmente estoy convencida de que tenemos que rendir cuentas de alguna forma», agregó. En el concurso quedan otros tres aspirantes y falta calificar la entrevista.
En 2021 Lorenzo ya había pedido autorización al Consejo para inscribirse en un concurso y «reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen desempeño en la función que nos ha sido conferida». En ese momento se lo negaron.
Actualmente no existe un procedimiento, por fuera de la auditoría, que permita conocer cómo es el desempeño de jueces, juezas, fiscales y defensores una vez que llegan al cargo.
El Consejo tenía originalmente dos roles: seleccionar por concurso a quienes integran el Poder Judicial y realizar evaluaciones periódicas de idoneidad y desempeño. Esta última función nunca la cumplió: el Tribunal Superior de Justicia, por una demanda de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, declaró nulo el artículo de la Constitución que le otorgaba esta posibilidad e inconstitucional el artículo de la ley que lo reglamentó. Ahora el caso está en la Corte Suprema de Justicia.
De todos los cuestionamientos que se le hicieron (y hacen) al Consejo hace 16 años, este es extrañamente (o no) el único que encontró cauce (ver aparte).
«Estoy totalmente de acuerdo, pero no me parece que este sea el medio para que usted venga a rendir cuentas, es una opinión personal», aseguró la consejera Andrea Paz, una de las dos representantes de los abogados y abogadas de la provincia en la entrevista. De todas formas le aclaró: «vi su examen, es brillante, me gusta que haya gente de ese nivel, pero no me parece que este sea el medio por el cual usted venga a probarse o revalidar su designación, nada más».
Su par, Eduardo Sepúlveda, lo vio con más optimismo. En diálogo con diario RÍO NEGRO subrayó: «es un punto de arranque, una señal, para que esto pueda ser imitado tanto por magistrados, como por fiscales y demás funcionarios de la justicia, que podrían hacerlo voluntariamente, sobre todo ante el descreimiento que hay de parte de la sociedad hacia la justicia».
Añadió: «no es un buen mensaje a la sociedad que un sistema judicial donde los magistrados, jueces, fiscales, defensores, y demás funcionarios tienen cargos vitalicios y no pueden ser evaluados, me parece que es un despropósito y eso atenta contra la buena calidad del servicio de justicia».
Sostuvo que el objetivo de la evaluación estuvo siempre centrado en la gestión de la administración de los recursos humanos «no con invadir la independencia del Poder Judicial respecto de las sentencias». La reglamentación de hecho tampoco le daba facultades sancionatorias al Consejo, sino que los informes debían ser enviados al Tribunal Superior de Justicia o al jurado de enjuiciamiento.
Para la consejera Belén de los Santos (PJ-Frente de Todos) la actitud de Lorenzo es «un reconocimiento a lo que es el Consejo, ya que ella fue designada aquí y viene a rendir cuentas». Afirmó que si bien no es la forma adecuada -ya que en una evaluación de idoneidad se meritúan aspectos diferentes- «no puso en riesgo el concurso, no genera un gasto su participación».
Recientemente se conocieron datos publicados no por el Estado, sino por una organización. Inecip indicó que en Neuquén los magistrados y magistradas penales trabajan 25 horas mensuales.
Lorenzo consideró que es importante volver a poner el tema sobre la mesa y fue por más, fiel a su estilo. Propuso que el Consejo podría abrir un «proceso voluntario para invitar a las personas que han designado a que se sometan a un sistema de evaluación».
Un organismo que cosecha críticas, hace más de una década
El Consejo de la Magistratura de Neuquén comenzó a funcionar en 2007, tras la última reforma constitucional. Desde que nació fue objeto de críticas. La primera por su composición, en su mayoría político-partidaria. De los siete integrantes, cuatro representan a bloques legislativos (actualmente al MPN, PJ y Juntos por el Cambio). No hay participación de organizaciones sindicales ni de Derechos Humanos, por ejemplo.
En los últimos años, además, los dirigentes trampean la ley 2.533, que impide designar a diputados y diputadas provinciales como consejeros y consejeras. ¿De qué manera? Los legisladores renuncian a la banca para asumir en el organismo y sortear la prohibición. Así lo hicieron: Claudio Domínguez, Sergio Gallia y Luis Sagaseta.
Otro de los aspectos que fue históricamente cuestionado es su costosa estructura de funcionamiento. Salvo el cargo de presidente o presidenta del Consejo, cuyo salario es ad honorem ya que percibe la remuneración que le corresponda por ser juez o jueza del Tribunal Superior de Justicia, el resto recibe un sueldo equivalente al de un camarista, que es uno de los más altos dentro del escalafón.
El organismo tiene asignado para 2023 un presupuesto de $824.872.291 y gasta mensualmente $2.079.310 en el alquiler de la sede. Ocupa el edificio de Carlos H. Rodríguez 364 de la ciudad de Neuquén.
Cuatro de los pisos -2, 3, 4, 11- se rentan por $1.629.310 a Neuquenche SA (Rodrigo Salvadó) y el 5 a Neldoret SA (Andrés Ogando) por $450.000. Este precio es el del segundo semestre. Este año el Consejo renovó el contrato hasta 2026. El valor para los siguientes períodos semestrales estará sujeto «a la aplicación del incremento no acumulativo conforme a la variación que experimente el índice de contratos de locación (ICL)», publicado por el Banco Central.
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