En Río Negro, la titular del área de Pesca renunció y ya tiene nuevo destino
Ressler conducía esa cartera desde el 2021, en la gestión de Carreras y, después, fue confirmada por Weretilneck. Ingresó un proyecto en la Legislatura para extender la emergencia del sector.
Ressler dependía del ministro Banacloy y se sumará al gabinete del intendente Casadei. Foto: Archivo
La cartera de Pesca de Río Negro quedará vacante por la renuncia presentada por su actual titular. Jessica Ressler dejó ese cargo porque asumirá como secretaria de Gobierno del intendente de San Antonio, Adrián Casadei.
Ressler fue subsecretaria durante casi cuatro años, asumiendo en agosto del 2021, en el equipo del gobierno de Arabela Carreras y, posteriormente, en diciembre del 2023, ratificada por Alberto Weretilneck.
El proyecto parado y la movida electoral
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy no resolvió aún el reemplazo de la funcionaria renunciada.
Actualmente, el sector pesquero afronta otra crisis por la falta de competitividad de los valores, lo cual, se refleja en la situación laboral de sus trabajadores.
La última semana se sucedieron reclamos en Sierra Grande y San Antonio por el posicionamiento empresarial de aplicar bajas de salarios al personal.
Pedido para extender la emergencia pesquera
Por su parte, la legisladora de Vamos con Todos, Ayelén Spósito presentó un proyecto para extender por un año el Estado de Emergencia Pesquera en el Golfo San Matías para “sostener las medidas de protección ambiental ya vigentes y sumar herramientas concretas para preservar el empleo en las comunidades costeras de Río Negro”.
La propuesta parlamentaria pretende ampliar esa emergencia, fijada originalmente por el decreto 551/2024.
Spósito remarcó que se debe “cuidar el recurso marino, pero también a las familias que viven de la pesca. No puede haber sostenibilidad sin justicia social”. Así, la legisladora plantea la “suspensión de los despidos sin justa causa mientras dure la emergencia” y prevé sanciones para las empresas que incumplan con la disminución de sus cuotas de captura.
Propone, además, que las empresas deberán tener un 80% de sus trabajadores residentes cuando se otorguen o se renueven permisos, como también, presentar un seguro de caución que garantice sus obligaciones contractuales y legales.
Además, la iniciativa dispone que la Comisión de Pesca y Desarrollo de la Zona Atlántica de la Legislatura sesione cada treinta días para realizar un seguimiento de las acciones implementadas y, al finalizar el período de emergencia, elabore un informe integral que evalúe su impacto social, económico y ambiental.
Según explicó la legisladora, si bien los últimos informes científicos indican una leve recuperación de la biomasa de merluza común, los niveles aún están muy por debajo de los históricos. En paralelo, el impacto sobre el empleo ha sido profundo: plantas procesadoras funcionando de manera intermitente o directamente paralizadas, como el caso emblemático del cierre de Río Salado en San Antonio Oeste, que dejó a casi un centenar de trabajadores en la calle.
“Es urgente actuar con una mirada integral. No alcanza con vedas y limitaciones a la pesca si no hay una política que preserve los puestos de trabajo y garantice el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Este proyecto va en ese camino”, concluyó Spósito.
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