Ley Ómnibus: un representante de la ONU contra flexibilización del uso de la fuerza y otras reformas

Un representante del Alto Comisionado de DDHH de la ONU alertó sobre posibles retrocesos en derechos con la Ley Ómnibus. Hay preocupación por la flexibilización del uso de la fuerza y debilitamiento de la rendición de cuentas en manifestaciones sociales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su inquietud acerca de los cambios considerados «regresivos» que podrían derivarse del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados. Jan Jarab, representante regional para América del Sur del ACNUDH, destacó en una carta fechada el 22 de enero pasado su preocupación por diversos aspectos de la propuesta legislativa denominada Ley Ómnibus.

Uno de los puntos centrales de preocupación es la posible «flexibilización del uso de la fuerza» frente a manifestaciones sociales. Jarab señaló que el proyecto busca ampliar la noción de legítima defensa, lo cual podría conducir a un uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza, incluso en contextos de protesta pacífica.

La propuesta incluyó la «hipótesis eximente de responsabilidad llamada ‘obediencia debida'», eliminando requisitos fundamentales para el uso legítimo de la fuerza. Esta medida, según Jarab, dificultaría la rendición de cuentas posterior al uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, afectando el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Otro punto de preocupación es la ampliación de las hipótesis de la legítima defensa, lo que podría generar riesgos de autotutela y violencia, especialmente en contextos políticos, sociales y económicos complicados. El ACNUDH destacó la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, históricamente esencial para la conquista de diversos derechos.

Jan Jarab recordó problemas previos en Argentina relacionados con el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La ley ‘Bases’ podría agravar estas situaciones, dificultando la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas.

El representante regional del ACNUDH también reforzó que la protesta es un derecho fundamental, históricamente utilizado para lograr avances en diferentes ámbitos. Destacó el deber del Estado de garantizar el ejercicio de este derecho, incluso en contextos complejos.


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