Más empleados de Neuquén deben presentar su declaración jurada patrimonial: se sumó el Tribunal de Cuentas

Los empleados con cargos de jerarquía en el Tribunal de Cuentas de Neuquén también deberán acogerse a las obligaciones de la ley 5 y presentar su declaración jurada patrimonial, según resolvieron las autoridades del organismo de control en un reciente acuerdo.

La decisión se tomó el 6 de junio, pero se publicó el viernes en el Boletín Oficial y establece que los agentes públicos que ejerzan cargos de conducción, tengan facultades de decisión y/o Responsabilidad Administrativa Patrimonial en el manejo de fondos públicos y/o tengan bajo su custodia bienes del organismo se encuentran comprendidos en los alcances de la ley 5.

Esto significa que estos empleados deberán presentar su declaración jurada patrimonial en un plazo que el Tribunal fijó en 30 días hábiles computados desde que sean notificados del acuerdo.

Los cargos incluidos son los de secretario, director de Asuntos Legales, prosecretario, director de Vocalía, director de Sumarios, director de Juicio Administrativo de Responsabilidad, director del Servicio Administrativo Financiero, director de Despacho, auditor fiscal, abogado instructor, profesional auxiliar, abogado relator, jefe del departamento Servicios Generales, jefe del departamento Administrativo, jefe del departamento Recursos Humanos y responsable del área de Compras y Contrataciones.

El presidente del organismo, Juan Pablo Dirr, ya había presentado su declaración jurada el 11 de marzo de este año, tras la intimación del gobernador Rolando Figueroa, según el registro que publica la Escribanía General de Gobierno.

La ley 5 es, tal como delata su numeración, una de las más antiguas de la provincia. Fue sancionada en 1958 en el gobierno de Ángel Edelman, el primer gobernador que tuvo la provincia de Neuquén y también el único de signo político radical.

Rolando Figueroa prometió cambios

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Estableció que, antes de asumir, el gobernador, su vice, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, jueces y empleados de la administración pública deben presentar una declaración jurada de su patrimonio con un detalle de sus bienes y los de su cónyuge e hijos.

A fines del año pasado, y tras el escándalo de presunta corrupción por el cual los diputados destituyeron a la vicegobernadora Gloria Ruiz, el gobernador Rolando Figueroa intimó a los funcionarios a cumplir con la presentación de las declaraciones juradas.

También había prometido cambios, pero hasta ahora nunca los formalizó con un proyecto. “La ley 5 hay que cambiarla, hay que ponerle normas de valuación porque hoy te pide un valor histórico y te desdibuja todo. Creo que tenemos que modernizarla”, había dicho.

Otro escollo es que son secretas: la ciudadanía puede saber quiénes la presentan, pero no la evolución del patrimonio de sus funcionarios como sí ocurre a nivel nacional.