Narcomenudeo: respaldo a la denuncia anónima, el informante y el agente revelador en Neuquén
El paquete de reformas al Código Procesal podría tener tratamiento en la sesión legislativa de la semana que viene. Hay consenso para aprobar la mayoría de los artículos.
Gerez y el equipo de fiscales de narcocriminalidad, en la comisión A de la Legislatura. (Matías Subat)
La caja de herramientas de la que disponen los fiscales de Neuquén para investigar el microtráfico -y otros delitos- aumentará de tamaño. En la Legislatura avanza un proyecto de ley para reformar varios artículos del Código Procesal Penal e incorporar figuras hasta ahora prohibidas como la denuncia anónima, el informante pago y el agente revelador.
Detrás de esta trilogía se colarán otras modificaciones que son una antigua aspiración de la fiscalía: un nuevo retoque a la prisión preventiva, ese fetiche, y un mayor plazo de detención de un sospechoso sin orden judicial.
Menos posibilidades de prosperar tiene la propuesta de utilizar drones para «captación de sonidos o imágenes en el interior de lugares privados o de vehículos».
Fiscales en la Legislatura
El proyecto de modificación del Código fue explicado este martes por el fiscal general José Gerez a los diputados integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Concurrió acompañado por el equipo de narcocriminalidad: el fiscal jefe Agustín García, las fiscales del caso Eugenia Titanti y Silvia Moreira, y la asistente letrada Mariana Querejeta.
Las y los legisladores hicieron varias preguntas pero algunas sonaron desfasadas del calendario; deberían haberlas hecho el año pasado, cuando se debatió la ley mediante la cual la provincia de Neuquén se hizo cargo de la persecución del narcomenudeo. Desde el 28 de febrero está vigente. Por ejemplo, quisieron saber si los fiscales y los policías reciben capacitación adecuada en la materia.
La denuncia anónima
Si bien la denuncia anónima, el informante pago y el agente revelador son utilizados en otras partes del país y en la justicia federal, son figuras con su propia graduación de polémica.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) dijo que «la denuncia anónima obliga a la fiscalía a iniciar una investigación. Que nadie crea que hoy hago una denuncia anónima contra mi vecino y al otro día le revientan la casa».
El informante pago generó preguntas, por ejemplo, cómo se garantizará su protección. El fiscal general Gerez respondió que el ministerio de Seguridad tendrá que reglamentar el mecanismo de utilización de esa figura.
Un dato fuerte
Se trata de una persona que recibirá una retribución cuando aporte «un dato válido, fuerte» a la investigación.
El agente revelador, en tanto, es aquel policía que por ejemplo es autorizado a simular una compra de droga a través de una red social. No es lo mismo que el agente encubierto, en el sentido de que no trabaja infiltrado dentro de la organización.
Las 24 horas de detención y la Constitución
Otro área del proyecto consiste en ampliar el plazo de detención sin orden judicial -sólo a disposición de la fiscalía- a 48 horas, porque las actuales 24 horas «son pocas» para reunir información suficiente como para decidir si corresponde pedir prisión preventiva.
El diputado Claudio Domínguez (MPN) preguntó si colisiona con la Constitución provincial, que fija un máximo de 24 horas. La respuesta fue que ese artículo (el 65, segundo párrafo) «quedó obsoleto». Hasta ahora nadie planteó que el Código Procesal Penal es inconstitucional, ni que el artículo 65 debe ser derogado: parece que ambas normas conviven porque se ignoran mutuamente.
Retoque a la prisión preventiva
La prisión preventiva no podía quedar afuera de un nuevo retoque. Se propone que su duración máxima de un año se contabilice «hasta el dictado de la sentencia que declare la responsabilidad del imputado». Es lo que en la jerga de tribunales se conoce como «el precedente Salcedo». Algunos jueces dictan la libertad de un imputado automáticamente al cumplirse un año de preventiva; otros dicen que la cuenta se debe sacar hasta el dictado de la sentencia.
A último momento el fiscal general Gerez propuso modificar otro artículo, el 151, para poder utilizar -con orden judicial- drones para espiar los patios de las viviendas de sospechosos. No está claro si los diputados le darán también aprobación.
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