Por sanciones disciplinarias, el gobierno de Río Negro expulsó a 78 estatales en un año y medio

El gobierno provincial confirmó la expulsión de 78 empleados del Estado rionegrino, producto de resoluciones de la Junta de Disciplina que fueron adoptadas en el último año y medio.

Las principales razones se vinculan con inasistencias e inconductas reiteradas, según el registro del órgano disciplinario que se compone de funcionarios y representantes sindicales.

Un informe gubernamental confirmó que “por distintos incumplimientos laborales” se formalizaron “ 428 sanciones desde inicios del 2024”, consignando “74 cesantías” más 4 exoneraciones, es decir, aquellas suspensiones derivadas de causas judiciales.

Además, se resolvieron “350 suspensiones” por períodos de uno a un mes. Las sanciones fueron aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, en el marco de la Ley Nº 3487 ( Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública).

Esa norma establece distintos tipos de sanciones. El apercibimiento es “una advertencia” formal, que se aplica generalmente ante faltas leves como inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios. Las suspensiones pueden alcanzar hasta 30 días, sin goce de haberes, y se aplican en casos de negligencia, inasistencias, inconducta o faltas reiteradas.

La cesantía implica la desvinculación del agente, con la posibilidad de reingreso tras cinco años, y se aplica cuando hay acumulación de sanciones, abandono de servicios o faltas de mayor gravedad. La exoneración es la sanción más grave porque supone la desvinculación definitiva y se “aplica ante delitos dolosos con pena de prisión efectiva o contra la administración nacional, provincial o municipal”.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores que cumplen sus tareas. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, expresó.

Consignó que en el mismo período también se iniciaron 144 sumarios administrativos, con 71 suspensiones preventivas, mientras que, además, se emitieron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.

Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivan en sanciones como cesantías o exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio y condenas en causas penales.

El mecanismo se abre frente a “una posible falta” con “un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina. Este organismo se conforma con un presidente, dos funcionarios y dos vocales gremiales (uno de ATE y otro de UPCN) y resuelve en función de la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado.