Preocupa en Viedma la situación de la Junta Electoral Municipal

Concejales del bloque Vamos con Todos presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante de la capital provincial para conocer la situación de la Junta Electoral Municipal que funciona con dos de sus tres integrantes y no se renueva desde 2019.

En la actualidad están en funciones Adrián Salceda y Roberto Carlos María, mientras que Carlos Etchepareborda renunció, pero tampoco hubo renovación tras la elección de Marcos Castro como intendente local que es el encargado de proponer sus integrantes ante el cuerpo deliberativo.

Los concejales Julián Algañarás y Lorena Alan piden «conocer si sus integrantes continúan en funciones de manera legal, y si el cuerpo se encuentra debidamente conformado tal como lo establece la Carta Orgánica de la ciudad».

«No estamos buscando generar conflicto, sino obtener certezas» sostuvo Algañarás y agregó que «queremos saber si la Junta está legalmente constituida, si quienes fueron designados en 2019 siguen ejerciendo sus funciones, y si sus decisiones tienen plena validez jurídica».

El edil consideró que «no hay que subestimar la importancia de este organismo» porque «es el que oficializa listas, controla los padrones y proclama autoridades».

El pedido solicita que el Ejecutivo informe oficialmente quiénes son los vocales en funciones, bajo qué norma fueron designados, si su mandato continúa, y si la posible falta de uno de los tres miembros podría afectar la validez legal de las decisiones tomadas por la Junta.

«Queremos cuidar la institucionalidad. Si algo no está en regla, que se corrija; si está bien, mejor aún. Lo importante es que los organismos estén en orden y bajo normas claras» dijo Algañarás y remarcó que «el respeto por la Carta Orgánica no es un tecnicismo: es una forma de garantizar que la democracia funcione con transparencia».

Desde el bloque aclararon que «no se trata de una denuncia, sino de una solicitud para despejar dudas y asegurar que las decisiones de la Junta Electoral cuenten con el respaldo legal e institucional necesario» porque «de lo contrario, podría abrirse la posibilidad de impugnaciones o cuestionamientos a sus actos administrativos».