Presentismo docente en Neuquén: ¿cumplió el objetivo de bajar el ausentismo?

¿Contribuyó la sanción de la ley de presentismo docente a reducir el ausentismo en Neuquén? La ministra de Educación, Soledad Martínez, aseguró que la provincia pasó de un 27%, cuando asumió el gobierno Rolando Figueroa, a la última medición que la ubica en un 15,24%. El ideal, dijo, está entre el 14% y el 16% al que aspiran mantener. Consideró que no es la única razón que explica la baja, sino también una modificación profunda en la auditoría de las licencias.

La secretaria general de la seccional Capital del sindicato docente ATEN, Angélica Lagunas, afirmó que si ha bajado el ausentismo es porque el área de Salud Ocupacional «rebota y rechaza los certificados médicos», y obliga a las maestras a volver a trabajar aún cuando no están en condiciones de hacerlo. Enfatizó en que la carga del doble turno, para llegar a un salario que permita cubrir la canasta familiar, es lo que desgasta y enferma.

El plus por presentismo se liquida trimestralmente, cuatro veces al año, con los haberes de marzo, junio, septiembre y diciembre.

La ley entró en vigencia el 1 de julio de 2024. Los requisitos comenzaron a contabilizarse desde el 19 de agosto. El primer tramo, correspondiente a septiembre, fue de casi dos meses y lo recibió el 79,85% del plantel docente. El segundo lo percibió el 76,91%. El último alcanzó al 84,76% del personal, aunque este período es particular porque incluye las vacaciones de verano.

Lo cobran docentes que no superen las tres faltas trimestrales, con un límite de dos mensuales, justificadas en el régimen de licencias. Quien no cumple no recibe descuentos.

De acuerdo a los datos oficiales, en función de los cargos testigo, un maestro o maestra de grado percibió por el adicional alrededor de $62.213,89 mensual ($188.134,81 en la liquidación trimestral de marzo, de bolsillo) y un director o directora $146.506,86 mensual ($443.036,74 neto). El sistema educativo provincial tiene 28.000 docentes aproximadamente.

El nomenclador

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«Este número es producto de varias cosas. El sistema de auditorías médicas, de las visitas a domicilio, y la regularidad de las juntas médicas también ha incidido en este dato, porque nosotros nos hemos dado una tarea sostenida de revisión de certificados médicos que tenían mucho tiempo en el sistema, y que se renovaban inclusive extendiendo los períodos de las licencias ordinarias y las extraordinarias, con una herramienta que se llama licencia excepcional que se termina resolviendo como una facultad del cuerpo colegiado», señaló la ministra.

Y agregó: «esos certificados eran bastantes y de mucho tiempo. Nos enfocamos en esta primera etapa de las juntas médicas y de las auditorías especialmente en los que tenían que ver con certificado de salud mental».

En ese lote, indicó la funcionaria, había situaciones respaldadas y «muchas otras no han sido suficientemente documentadas, entonces hemos dispuesto que tienen que reincorporarse a sus funciones».

En su opinión el adicional modificó «prácticas que tienen que ver con el certificado cortito. El de «presento el miércoles, porque el jueves y viernes es feriado». Lo diferenció de las licencias largas, que manifestó «no lo atacas simplemente con este estímulo del fondo, sino que tenes que indagar en las razones o las condiciones por las que ese certificado ha sido habilitado».

Remarcó que después de la denuncia pública de profesionales que emitían justificaciones truchas (cuya investigación todavía no ha tenido imputaciones) «tuvimos muchos certificados médicos de salud mental que espontáneamente se levantaron».

La ministra confirmó que el área de Salud Ocupacional está trabajando con un nomenclador que estipula cuántos días de licencia son necesarios según la patología, y que en caso de requerir más se pide otros informes complementarios. Esperan ahora que lo apruebe el cuerpo colegiado.

«Nos parece a nosotros que nos ordena a todos, a los profesionales que también ya saben de antemano en qué condiciones tienen que consignar los cuadros clínicos que describen para justificar la inasistencia de los trabajadores, a los trabajadores y sobre todo a los equipos», hizo hincapié la ministra. Esto por que se convoca a suplentes cuando el certificado indica como mínimo tres días.

Consultada sobre los discursos que desacreditan el rol docente, la funcionaria planteó: «nosotros no somos los que creemos que hay que tenerlos controlados y cortitos. Nos encontramos con un dato que era verdaderamente distorsivo del funcionamiento del sistema: de cada diez docentes había tres con certificado médico. Nosotros nos enfocamos en corregir eso, también porque esos otros siete docentes que no usaban esa herramienta de manera distorsiva, que no aprovechaban esas ventajas que daban las desprolijidades de algunos profesionales, recargan sus tareas, se ven también desbordados».

Reconoció que la infraestructura «es un gran condimento que a veces atenta contra la salud de los trabajadores. Vos vas a una escuela que se llueve todos los días y claro, ¿cómo no te vas enfermar? Te enfermas, ¿cómo no vas a suspender las clases? Suspendes la clases, ahora atacamos la infraestructura todo lo que pudimos el año pasado, intensivamente el verano, y vamos a seguir haciéndolo».

Escuchá la nota a la ministra Soledad Martinez en el aire de RÍO NEGRO RADIO:

El doble turno

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Lagunas expresó que la aplicación del «plus extorsivo», como denominó al presentismo, ha hecho que docentes vayan «a trabajar enfermos para cobrar esa plata».

«Si para más o menos lograr cubrir algo de la canasta familiar estamos obligados a hacer doble turno está claro que en algún momento del mes ni nuestra mente, ni nuestro cuerpo se banca eso. Por las condiciones laborales que tenemos», subrayó la dirigente.

Dijo que el contralor que hace Salud Ocupacional -con quien ya se han reunido- implica que si vos presentas un certificado de quince días te reconoce cinco, por ejemplo. «Los compañeros y las compañeras con sus profesionales tratantes están siendo cuestionados y perseguidos, y no les avalan las licencias que les dan los profesionales. No es que ha bajado el ausentismo, es que hay una política del gobierno de rebotar y rechazar los certificados médicos y esto está trayendo consecuencias nefastas en las escuelas», afirmó Lagunas.

Enfatizó en que «el ausentismo se va a resolver cuando las compañeras tengan una condición laboral que les permita ir a trabajar todos los días: que cobren un salario igual al costo de la canasta familiar, en un turno, y que nadie esté obligada en los hechos a hacer doble turno que es absolutamente inhumano, flexibilizador y anti-calidad educativa».

La secretaria general mencionó que esto significa, también, un «ataque al bolsillo» ya que si el certificado es por treinta días y te admiten quince «los obliga a volver a pagar por esa consulta, que es además de pasar la tarjetita (del Instituto de Seguridad Social de Neuquén) quizás 10, 20 o $30.000 como te cobran algunos».

Sostuvo que una docente que recién se inicia con un doble turno percibe actualmente un salario de $1.800.000.

«En cualquier momento va a ocurrir un hecho en las escuelas que va a ser de gravedad, producto de que están obligando a ir a trabajar a maestras que no están en condiciones de hacerlo», insistió.

El TSJ pronto definirá la constitucionalidad de la ley

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La sanción de la ley de presentismo docente, en junio de 2024, representó el último gran conflicto sindical que enfrentó el gobierno de Rolando Figueroa. El tratamiento en la Legislatura no sólo fue veloz, sino que contó con un amplio acompañamiento de todos los bloques: se aprobó con 25 votos positivos y apenas 3 negativos. Era difícil en ese momento para el gremio articular una salida política.

Tras dos meses de medidas de fuerza, ATEN presentó una acción ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que declare inconstitucional la ley. Tres de los cinco jueces -Gustavo Mazieres, Evaldo Moya y Alfredo Elosú Larumbe- se pronunciaron a favor de abrir el caso. Esa fue la llave para levantar el paro.

Salvo por esta resolución que declaró la admisibilidad de la acción, el resto de los pronunciamientos del máximo tribunal de la provincia resultaron adversos para el sindicato. No hizo lugar a la medida cautelar que pedía la suspensión provisoria de la ley, y actualmente debe resolver el fondo de la cuestión.

El miércoles pasado, antes de que comience el descanso por Semana Santa, el fiscal general, José Gerez, envió su dictamen. Por lo que pudo averiguar diario RÍO NEGRO el funcionario insistió en que el presentismo es constitucional y debe seguir vigente. Este es el paso previo a que se exprese el TSJ en pleno.

El gobierno y la conducción del sindicato han ido en este tiempo limando asperezas, ya que en las sucesivas negociaciones paritarias acordaron la suspensión de los artículos cuestionados. Especialmente las licencias excluidas de la ley para el cobro del plus, equivalente al 15% de la asignación del cargo u horas cátedra mensual.