Reclaman al municipio de Bariloche asistencia e inversión en los barrios populares

La Mesa Social de Tierras presentó un relevamiento sobre el estado de situación de los 38 barrios populares de Bariloche y le pidió al municipio que incluya partidas específicas en el presupuesto 2026 para mejorar la urbanización de esos sectores y asignarles obras de infraestructura básica.

La Mesa es un organismo mixto del que participan juntas vecinales y organizaciones sociales que trabajan desde hace años en la problemática habitacional. En una comunicación que dirigieron al intendente Walter Cortés y también al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y al Concejo Deliberante, propusieron “una alianza de cooperación entre el Estado y las comunidades”.

Se propusieron incidir en la conformación del próximo presupuesto, que está en plena gestación y debe ser presentado a fines de septiembre.

Los barrios populares nacieron -y muchos se mantienen- como tomas de tierra sin regularizar. La gran mayoría están ubicados en la Pampa de Huenuleo, al sur de Bariloche, pero también hay algunos cerca del centro y en la zona oeste. En total albergan a unas 5.900 familias.

Esos barrios fueron censados y categorizados cuando el gobierno nacional creó el Registro de Barrios Populares y les asignó presupuesto específico a través de la secretaría de Integración Socio Urbana, que el actual gobierno decidió dessactivar.

Frente a ese vacío, la solicitud es que el municipio se haga cargo de los proyectos a su alcance y gestione financiamiento externo para otros. Según el diagnóstico, las familias de los barrios populares “registran un aumento en su situación de vulnerabilidad” a causa de los recortes del programa que implementaba el gobierno nacional, la precariedad laboral, la falta de equipos técnicos y sociales para atender las demandas de los barrios y la “estigmatización” de las organizaciones sociales y comunitarias.

Acceso a los recursos

Uno de los integrantes de la mesa, Luciano Celsi, dijo que el año pasado ya habían formulado un planteo similar y encontraron eco en el municipio, que este año asignó presupuesto para “la accesibilidad en Manzana 287”, uno de los asentamientos de mayor crecimiento en la ciudad, ubicado junto al barrio 2 de Abril. También ejecutó proyectos en el barrio Esperanza II y en virgen Misionera, para la subdivisión de manzanas que estaba pendiente desde hace 50 años.

Celsi destacó que la caída de los programas de barrios populares también afectaron a las cooperativas de trabajo que accedían a los contratos de obra. “Se dejaron de lado políticas que eran fundamentales”, señaló.

El crecimiento de los asentamientos urbanos marginales -completó- fue producto de un abandono continuado del Estado en sus políticas habitacionales y subrayó que durante la gestión anterior en Nación “hubo un reconocimiento de ese déficit y un intento de reparación”, que quedó trunco.

Otra integrante de la Mesa, en representación del barrio Virgen Misionera, Bibiana Alonso, dijo que las necesidades que transmitieron al municipio son muy variadas, y la más importante es garantizar el trabajo de agrimensores, geólogos y otros profesionales para establecer las zonas habitables y ordenar la distribución urbana en los barrios.

“Son trabajos indispensables y son muy caros”, explicó. Con esos aportes luego se pueden tramitar y obtener los servicios básicos, como las conexiones de luz, agua y otros servicios.

Necesidad principal: los servicios

El detalle remitido al municipio señala por ejemplo las situaciones a atender en barrios como Nueva Jamaica, donde viven 250 familias. Allí el Fondo de Integración Socio Urbana financió años atrás la red de gas natural, pero faltan las conexiones domiciliarias. También los pobladores esperan por la regularización dominial de sus terrenos.

En tros barrios como Llanquihue y Virgen Misionera la prioridad es la titularización de las parcelas bajo la operatoria conocida como ley Pierri, que demanda arduos trámites. Entre los barrios populares más grandes está Alun Ruca (alrededor de 600 familias), que tiene un proyecto de expropiación en la Legislatura provincial destinado a consolidar la situación dominial de los lotes. Faltan mensuras en algunos sectores y también debe completarse la regularización del servicio eléctrico, con la red que se construyó con aportes nacionales, antes del levantamiento del FISU.

En otros barrios como Don Bosco (200 familias) la propuesta es completar los tendidos básicos de agua y luz, y piden también la regularización de los terrenos y de la plaza del barrio. En Valle Gas los vecinos esperan por formalizar el dominio de sus terrenos y por la factibilidad de ARSA para contar con red de agua propia.