Se profundiza la pulseada judicial entre el municipio de Bariloche y la firma OPS SACI

El reclamo millonario de la firma OPS SACI contra el municipio de Bariloche por el alquiler de maquinarias contratadas durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso ya pasó de la instancia administrativa a la judicial y representa una gravosa amenaza económica contra las arcas públicas, sin salida a la vista.

La demanda quedó radicada en el juzgado contencioso administrativo de Bariloche, a cargo de Iván Sosa Lukman, caratulada como “daños y perjuicios”, y reclama servicios impagos por 15.386.000 dólares. Ese es el recuento que surge -según la empresa- de las tareas realizadas por unas 30 máquinas viales y camiones de su propiedad entre 2019 y 2023.

El municipio, ahora bajo el mando del intendente Walter Cortés, desconoce la entidad del reclamo y abrió a su vez otro expediente contra OPS en el mismo tribunal con una “acción de lesividad”, que está en etapa de notificación.

La asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez, explicó que la acción de lesividad es una figura jurídica que apunta a promover la nulidad de las resoluciones y actos administrativos de los que surgirían los compromisos de pago con la firma originaria de Cipolletti.

El argumento central de la actual gestión es que el vínculo entre el municipio y OPS tiene un vicio de origen insalvable, porque en febrero de 2019 -todavía durante el primero de sus dos mandatos- Gennuso firmó la contratación inicial, en forma directa, sin licitación y con una empresa en quiebra declarada, lo cual el Estado municipal tiene expresamente vedado.

Años después OPS levantó la quiebra y sus actuales apoderados iniciaron la demanda, pero aquel fallido original no pierde entidad, según observó el Tribunal de Contralor del municipio.

Otros puntos del litigio

Además, indicó Sánchez, el municipio cuestiona los montos pretendidos, que surgirían de una escala de precios por hora/máquina y un recuento de días de trabajo para nada claros. “Adjuntan planillas que no tienen legitimidad”, afirmó la abogada. Por eso el municipio contestó con un primer escrito en el que se opone de plano a la prueba de la demandante

También hay una objeción a las prórrogas de contrato no documentadas y a la valuación en dólares, porque el empleo de esa moneda no surgiría del convenio original, que está expresado en pesos.

Sánchez reconoció que el cruce de demandas está en una etapa inicial y la llegada a una sentencia final ejecutable puede llevar años, “tal vez una década”. Dijo que es mucho lo que está en juego y descontó que cualquiera de las partes que pierda en primera instancia apelará ante la Cámara “y seguro también ante el STJ, tal vez hasta la Corte”.

Para tener idea del volumen de la deuda exigida alcanza con revisar los ingresos corrientes del municipio, que en primer semestre de 2025 fueron el equivalente a 43,2 millones de dólares. Mientras que la recaudación propia rondó los 22,6 millones de dólares. Es decir que al municipio la demanda le costaría la recaudación de tasas a lo largo de más de cuatro meses.

Como dato que revelería a desproporción de los casi 16 millones de dólares pretendidos por OPS, Sánchez observó que con una quinta parte de esa suma hubiera alcanzado para comprar todas las máquinas que el municipio alquiló en esos años.

Investigación por fraude

Otra causa derivada del caso OPS apunta en forma directa contra Gennuso y varios de los exintegrantes de su gabinete que intervinieron en la relación con la empresa, entre ellos los exsecretarios de Hacienda Diego Quintana, de Servicios Eduardo Garza y de Obras Públicas Carlos Cairo.

La demanda alcanza también a la exdirectora municipal de Políticas Tributarias, Liliana Baroni, y a la Jefa de Asuntos Societarios de OPS, Lorena Ticani.

Tal como lo había comprometido Cortés un año atrás, cuando recibió el dictamen del Contralor, el municipio denunció ante la justicia penal a Gennuso y varios colaboradores por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la operación, que consideró ruinosa para el municipio.

La causa quedó en manos del fiscal Inti Isla, con la calificación de “fraude al Estado”, y el patrocinio del municipio es ejercida por el abogado neuquino Ricardo Mendaña, a quien el municipio contrató con ese fin específico.

Gennuso pareció tener conciencia de que el caso OPS era una bomba de tiempo que le convenía desactivar antes de dejar el municipio. A fines de 2023 intentó dejar saldado el conflicto con un reconocimiento de deuda a OPS por 7,92 millones de dólares, según surgió de una instancia de mediación prejudicial con emisarios de la firma.

Pero el acuerdo de partes por esa suma no pasó el filtro de la Comisión de Transacciones del municipio, integrada por el propio Gennuso y por los entonces titulares del Concejo Deliberante, Natalia Almonacid, y del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux.

Ese revés puso al municipio contra las cuerdas y luego del recambio del gobierno OPS retomó su ofensiva con un reclamo por el monto original, de casi 16 millones de dólares.